En enero de 2012, poco antes del inicio del proceso electoral presidencial, un empleado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz fue detenido por elementos de la Policía Federal en posesión de una maleta en la que transportaba 25 millones de pesos en efectivo.

 

Dicho empleado había llegado a Toluca a bordo de un avión oficial del gobierno veracruzano, procedente de Xalapa, la capital del estado. Al no acreditar la procedencia lícita de los recursos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

 

Como no había manera de deslindarse del caso, pues estaba plenamente identificada la aeronave que transportó al empleado desde Xalapa a Toluca, el gobierno estatal tuvo que aceptar que los recursos procedían de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que en ese entonces encabezaba Tomás Ruiz González, actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas estatal, y que es mencionado en las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República por presunto desvío de recursos públicos.

 

La justificación que dio el gobierno fue irrisoria, desquiciante. Los 25 millones de pesos en efectivo eran supuestamente para “pagar” a la empresa encargada de los espectáculos de las fiestas de La Candelaria y del Carnaval de Veracruz, cuando por practicidad y legalidad, ése tipo de operaciones se realizan por default vía transferencia bancaria.

 

Para cubrir las apariencias, se creó un “chivo expiatorio”: el tesorero estatal Vicente Benítez González, quien presentó su “renuncia” al cargo para que la Federación y la opinión pública vieran que había “rodado una cabeza” por un inocultable caso de corrupción, que al menos constituía el delito de evasión fiscal y al que se le habría podido imputar el de lavado de dinero. Al final, según el gobierno duartista, la PGR hasta les devolvió el dinero y Vicente Benítez fue “premiado” por su lealtad, reincorporándolo al gabinete estatal ampliado, donde permanece, actualmente como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

 

Este fin de semana, en Toluca se vivió una especie de “Deja Vú”. Un hombre procedente de Xalapa, quien se identificó como directivo de la industria azucarera, arribó al aeropuerto de Toluca y la Policía Federal le detectó una maleta en la que transportaba cinco millones de pesos. Como se negó a proporcionar datos que acreditaran la procedencia lícita del dinero, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

 

Sólo que este sujeto no es un empleado de medio pelo como el “maletero” de hace tres años. Se trata de Mariano García González, hermano, apoderado legal y representante de Francisco García González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Gargonz S.A. de C.V.

 

Se trata de uno de los empresarios “consentidos” del sexenio, amigo personal del gobernador Javier Duarte –hasta lo señalan como su compadre–, y quien funge como su asesor plenipotenciario en materia azucarera en la entidad.

A los hermanos García González se les relaciona con la quiebra de al menos tres ingenios azucareros, entre éstos el Nuevo San Francisco, en el municipio de Lerdo de Tejada.

¿Qué fiesta patronal habrá ido a pagar Mariano García González?

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