Con bombo y platillo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este miércoles 27 de mayo las reformas constitucionales que darán paso a la creación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción.

El propio mandatario señaló que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, en 2014 México se ubicó en el lugar 103 de 175 países, lo cual consideró “inaceptable”.

Peña Nieto manifestó que el Sistema Nacional Anticorrupción “se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y –de manera determinante– la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas”. Habría que saber a qué se refiere con “sociedad civil” y quiénes pudieron exponer tales “ideas y propuestas”.

Entre las novedades de las enmiendas constitucionales promulgadas se contempla la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco “mexicanos distinguidos” que, junto con el gobierno, “velarán por los intereses de la sociedad”.

Quizás entre lo más relevante de esta reforma se encuentren las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a partir de ahora podrá realizar auditorías en tiempo real, en el momento en que esté realizándose algún acto ilegal con dinero público, y no a posteriori, cuando los responsables de los delitos ya los hayan “maquillado”.

La ASF también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos y fiscalizar las cuentas públicas desde el primer día del año y no hasta abril, como marcaba la anterior legislación. Asimismo, se dispuso que aumente a siete años el término para la prescripción de faltas administrativas graves.

Suena bien, ¿verdad? Sólo que lo que debería ser una reforma histórica, parece más bien una nueva simulación de la clase política para hacer creer que tiene un verdadero compromiso con la honestidad y la transparencia.

El sólo hecho de que no se haya incluido en las reformas constitucionales la revocación de mandato a los gobernantes, el Presidente incluido, ni se hayan hecho más precisas las causales del conflicto de interés, así como poco se retiró el fuero a los legisladores y demás representantes populares, no hablan de intención alguna por castigar realmente a quienes incurran en desvío de recursos, tráfico de influencias y demás actos de corrupción que son la práctica común de casi la totalidad de las administraciones del servicio público en este país.

Está muy bien que se le otorguen mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos en todas las entidades públicas. Pero si no hay castigo para quienes cometen abusos, si no se lleva a la cárcel a quienes hagan mal uso del dinero que se les encomendó administrar, si los que roban no pagan por ello, todo el pomposo Sistema Nacional Anticorrupción será una patética farsa.

Tan sólo en Veracruz, llevamos años sufriendo el saqueo a las arcas estatales por parte de una camarilla que se ha enriquecido escandalosamente a costillas de la población. Y tenemos meses siendo testigos de señalamientos y denuncias –incluso de tipo penal– contra los responsables, y no hay autoridad que, no digamos les ponga una mano encima. Que siquiera les mueva un pelo. Algunos hasta candidatos a diputados federales son y se enfilan –por la buena o por la mala– a gozar de la comodidad y protección del fuero.

Dijo Peña Nieto que ésta es una “reforma contra la impunidad”. Pero si no se castiga a los corruptos, con penas severas, reales, todo el Sistema Nacional Anticorrupción se irá derecho al retrete.
Junto con la confianza ciudadana en las instituciones.

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