A raíz de la publicación de la anterior entrega de esta columna, titulada “El Gobierno de Veracruz estafa hasta a sus empleados”, varios lectores le compartieron a quien esto escribe sus propias y amargas experiencias en situaciones similares, en las que su empleador, la administración estatal, los “empinó” al dejar de pagar a las empresas con las que contrataron créditos –a través del propio gobierno– para adquirir algún bien, mientras a ellos les siguió descontando de su nómina dinero que quién sabe a dónde fue a parar.

Por razones de seguridad –personal y laboral, pues siguen laborando dentro de la burocracia estatal– no se mencionan los nombres de los afectados por este brutal desvío de recursos, cuyas implicaciones y consecuencias van más allá del mero “jineteo” del dinero.

En el primer caso, un trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz relata: “soy una persona que sufre los estragos de la SEV. Estoy demandado por 206 mil pesos más intereses sobre descuentos que nunca llegaron a la empresa “Consorcio Peredo S.A. DE C.V.”,

Esta persona contrató un empréstito, el cual “firmé vía nómina entre SEV y esta empresa sobre un vehículo 2009, que hoy me costará pagar 302 mil pesos, ya que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil favoreció a dicha empresa, sin reconocer 116 mil pesos del Concepto 50 SEV Descontados Vía Nómina; mas dos pagarés, uno de 16 mil y otro de 10 mil pesos, los cuales el juez nunca reconoció”.

“La respuesta es sencilla: hay miles de casos como el mío. Hoy estoy en mi recurso de apelación y amparo. Hasta dónde llegaré por culpa de Sefiplan y la SEV. Hoy mi coche Chevy 2009 cuesta 302 mil pesos más intereses. Ya sufrí visita de embargo y el juez sólo se inclina a dicha empresa”, narra el afectado.

El segundo caso es dramático. El denunciante explica que “mi padre era jubilado de la SEC (antes se llamaba Secretaría de Educación y Cultura). Murió hace tres años y es la hora que mi madre no puede cobrar el seguro de vida que le descontaban puntualmente a mi padre”.

El patrón de defraudación se repite invariablemente: “la razón de la aseguradora, Metlife creo, es que la SEV le debe toneladas de dinero. Y como mi madre, cientos de viudas y viudos andan en ese Calvario”, refiere.

¿Tendrán idea quienes se han robado el dinero de estas personas el inmenso daño que les han causado? ¿Les moverá un poco el corazón el dolor de las viudas, o la angustia de los propios trabajadores del estado que por hacerse de un bien para hacer un poco más cómoda su vida, ahora sufren amenazas de embargo y han perdido la tranquilidad por este motivo?

Por supuesto que no. A los carroñeros no les conduele el dolor de sus víctimas. Al contrario, se solazan en sus fechorías en la seguridad de que no recibirán castigo alguno.

Los dos casos expuestos por los propios afectados son apenas una pequeña muestra de lo que es, con toda claridad, un desvío de recursos monumental. Si nos atenemos solamente a las cifras de la empresa financiera Intermercado, que otorgó créditos que iban de los cinco a los 150 mil pesos a diez mil trabajadores de las secretarías de Educación y de Salud, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Un desfalco de proporciones épicas.

Y esto es, apenas, la punta de la madeja de una inmensa maraña de corrupción.

Intimidación electoral

Los actos vandálicos contra instalaciones del Instituto Nacional Electoral en varios estados no tienen otro objetivo que el de inhibir la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo 7 de junio.
El beneficiario de ello es sólo uno.

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