La denuncia interpuesta por la empresa productora de leche Clank SA de CV en contra del Gobierno de Veracruz es una prueba más, por si hiciera falta, del desorden financiero que priva en la administración estatal y de la disposición ilegal de recursos de procedencia federal para fines desconocidos, aunque muy fáciles de suponer.

Sólo que ahora el fuego llegó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que es la dependencia a la que la empresa reclama el pago de más de 117 millones de pesos por la compra de entre 28 y 54 millones de bricks de leche natural para los programas de Desayunos Escolares Fríos, Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo y Leche para la Primaria.

De acuerdo con el apoderado legal de Clank SA de CV, Jorge Alberto Delgado Robles, los bricks de leche se entregaron puntualmente al DIF estatal de marzo a noviembre de 2014 por una distribuidora contratada para tal fin, comercial Alimesa SA de CV, a diferencia de lo declarado por el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrín, quien afirmó que “el contrato no fue cumplido a cabalidad por la empresa.

En la demanda de juicio ordinario mercantil interpuesta contra el DIF estatal, se hace constatar que entre julio y noviembre de 2014, Clank emitió las facturas correspondientes, de las cuales cuentan con firmas de recibido. “El contrato establecía que las facturas generadas por la entrega de la leche serían pagaderas a los 30 días, situación que ocurrió sólo una vez, es decir, en todas las demás facturas los atrasos han sido de meses y la empresa siguió entregando el producto hasta el grado de incumplimiento del DIF estatal y del propio Gobierno del Estado de llevar la situación a los tribunales correspondientes”, refiere Jorge Alberto Delgado Robles.

El apoderado legal de Clank SA de CV también le refuta a Gómez Pellegrin que el gobierno estatal no haya sido notificado formalmente del proceso judicial en su contra: “a las doce horas con cinco minutos del día 12 de mayo de 2015, la actuaría del Poder Judicial de la Federación, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, comunicó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz la demanda interpuesta por la empresa Clank SA de CV, es decir, hace más de 15 días”, sostiene.

Delgado Robles destaca que durante meses, Clank SA de CV buscó un acercamiento tanto con el DIF como con la Secretaría de Finanzas y Planeación, “y las puertas nos han sido cerradas sistemáticamente. De las pocas respuestas que obtuvimos fue que tenían muchos gastos por los Juegos Centroamericanos”.

Y al tiempo de reconocer que el actual Secretario de Finanzas y Planeación sí los recibió para atender este asunto, a diferencia de sus antecesores, “nos encontramos con la misma situación, no nos dan respuesta alguna, sólo manifiestan que en futuras fecha podrán pagar. De los diversos gobiernos de los estados con los que trabajamos, hasta hoy, el Gobierno de Veracruz es el único que ha incumplido con sus obligaciones”.

Jorge Alberto Delgado Robles desliza un dato que seguramente será de mucho interés para la Auditoría Superior de la Federación, pues de nueva cuenta, se constituiría un desvío de fondos de procedencia federal.

 

“Tenemos entendido que los recursos que originan el contrato de la empresa con el DIF estatal de Veracruz fueron asignados por el Gobierno Federal desde el año 2014. Nos preguntamos entonces, por qué no nos fueron pagados dichos recursos”.

La respuesta es obvia. Porque los desviaron.

Robo de boletas en Boca del Río

En el mismo día del cierre de campañas, los “mapaches” ya dieron muestra de lo que pretenden hacer el día de la elección. En Boca del Río, delincuentes electorales le robaron a un capacitador del Instituto Nacional Electoral mil 186 boletas en dos paquetes, por lo cual ya se interpuso una denuncia ante la PGR, que abrió la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/VER/322/2015.
Pésimo augurio para el domingo.

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