Aunque se llegaba a albergar cierta esperanza en la aplicación de la ley, nadie en realidad esperaba que se procediera penalmente en contra de algún alto funcionario del gobierno veracruzano por el desfalco cometido a la entidad durante los últimos diez años.

Y nadie lo espera porque la impunidad es un manto bajo el que todo el sistema, sin excepción, se cobija. Si se queda fuera uno, se pueden descobijar todos, lo cual es como una regla de oro para la clase política no sólo de Veracruz, sino del país.

Este lunes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa convocó a una rueda de prensa –en la que no se permitieron preguntas de los reporteros– para informar que habían quedado solventadas todas las observaciones por irregularidades financieras que le hiciera la Auditoría Superior de la Federación por más de cinco mil millones de pesos.

El mandatario dijo que las denuncias de hechos presentadas ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios y ex funcionarios de su administración por peculado, desvíos y sustracción indebida de recursos públicos federales habían quedado sin materia, “al comprobarse la correcta aplicación de los de los fondos federales citados”.

Para sustentar sus dichos, se presentó a su monólogo con la prensa con sendas carpetas en las que, según esto, está soportada toda la solventación de las irregularidades detectadas en la disposición de recursos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, al tiempo que mostró un papel –cuyo contenido se desconoce– en el que supuestamente se acredita el cumplimiento de los requerimientos de la ASF.

Triunfalista, Javier Duarte de Ochoa aseguró que no habrá más “verdades a medias” ni “mentiras disfrazadas de mantos legaloides” en contra de su administración.

Qué bueno que lo vea así. Precisamente porque falta ver qué dice la Procuraduría General de la República, ante quien la ASF sí interpuso denuncias penales que no porque digan en Veracruz que ya corrigieron el desorden, se sobreseen en automático como quieren hacer ver.

La administración de las finanzas públicas en Veracruz ha sido un desastre, y las irregularidades fueron reconocidas por el propio Javier Duarte, quien anunció que se iniciarían procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos de su gobierno que “no le presentaron” a la ASF la información que, supuestamente ahora sí, tienen en su poder.

Eso suena a que se buscarán chivos expiatorios que carguen con las culpas del inocultable desaseo con que se ha manejado el dinero público en Veracruz. ¿O acaso la “licuadora” es ejemplo de buenas prácticas en la administración pública? ¿O el déficit presupuestal?

El gran problema es que, desde su origen, todo el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en el país está organizado para que nadie responda fehacientemente ante la ley por el mal uso del dinero proveniente de nuestros impuestos. Los plazos para la solventación son enormes, y es sabido que muchas veces se hacen “trajes a la medida” –previa “mochada”– para que una cuenta pública “cruce el pantano sin mancharse”, aunque esté llena de fango. Incluso, ya se afirma que el resultado de las elecciones habría “resuelto” el problema con la ASF, lo que sería inadmisible. Pero sin duda posible.

Sólo una pregunta. ¿Por qué, si las finanzas públicas están tan bien como asegura el gobernador y los recursos se aplican correctamente, la economía de Veracruz está en la lona?

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