Un verdadero horror que pinta de cuerpo completo al gobierno de Javier Duarte de Ochoa es el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, que fue aprobado “en lo oscurito” para pasárselo de humo a los ciudadanos de la entidad.

Dicho ordenamiento, que entró en vigor el pasado 16 de junio, es violatorio de los derechos humanos, restringe la libertad de expresión, criminaliza la protesta en la vía pública y hasta se da el lujo de “prohibir” la mendicidad. Una absoluta aberración.

Por ejemplo, el artículo 272 establece que el peatón tendrá la obligación de transitar por las aceras o banquetas “sin invadir la vía pública de manera intempestiva”, con lo cual se pretende restringir las protestas.

Esta idea es reforzada en el artículo 273, que prohíbe a los peatones “cruzar intempestivamente la vía pública, así como alterar el orden, la seguridad pública, el tránsito y la seguridad vial”, y en el artículo 278, incluido en el capítulo III del citado Reglamento titulado “Permiso para el Uso de la Vía Pública”, donde se dispone que se puede dar aviso a la autoridad vial con seis horas de anticipación para realizar eventos en las calles, lo que deja a decisión del gobierno si otorga o no tal permiso.

Un artículo que es verdaderamente repudiable es el 277, donde se ordena que todo peatón que transite en la vía pública deberá hacerlo por su extrema derecha y tendrá la obligación de portar una identificación con fotografía en la que se señale la dirección de su domicilio particular.

La asociación civil Artículo 19 señala que dicho artículo es abiertamente violatorio del derecho a la movilidad y libre tránsito, ya que el artículo 11 de la Constitución General de la República “prohíbe la necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes para transitar libremente por el país”.

Para que no queden dudas de que se trata de una normatividad coercitiva y francamente totalitaria, el artículo 333 establece arrestos administrativos y sanciones por “ofender e inferir ultrajes a la autoridad; alterar el orden, la seguridad pública, el tránsito y la seguridad; impedir que policía realice su trabajo; por no transitar por la acera, banqueta, paso peatonal y en general por la vía pública por su extrema derecha, impidiendo u obstaculizando el paso de los demás usuarios”, así como por “invadir vía pública de manera intempestiva”, para que a nadie le quede duda.

En ese sentido, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que se conforma por numerosas organizaciones no gubernamentales y de defensa de derechos humanos, exigió al Gobierno de Veracruz revisar y modificar “todas las disposiciones que restrinjan indebidamente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y protesta social en el espacio público. En una entidad donde la libertad de expresión se encuentra bajo asedio, se requieren garantías para su ejercicio, no restricciones ilegítimas”.

¿Le parece poco? Pues hay más. El artículo 237 prohíbe “ofrecer a los ocupantes de los vehículos mercancías o servicios, repartir propaganda o solicitar ayuda económica, sin contar con el permiso de la autoridad competente”.

En otras palabras, el gobierno de Javier Duarte pretende, por decreto, borrar la mendicidad y el trabajo callejero en el estado, sin ofrecer a cambio una sola alternativa de sustento para las personas que se ganan la vida de esa manera. Los autores de este bodrio deben creer que están en Suiza y no en Veracruz.

La cereza del pastel es la instalación de radares para aplicar multas indiscriminadas por infracciones que los automovilistas ni siquiera saben que van a cometer, con la finalidad de recuperar por esta vía el dinero que el gobierno dejó de percibir por concepto de la tenencia vehicular, que derogó por pura demagogia.

Este petardo jurídico se quiso implantar desde que el diputado local del PRI Adolfo Ramírez Arana presentó la iniciativa de nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz meses atrás, pero ante la oleada de críticas, no lo sacaron adelante en ese momento. Con una descarada alevosía, introdujeron en el reglamento lo que no pudieron meter en la ley.

Esto forma parte de una escalada autoritaria en Veracruz. Conforme se acerque el proceso electoral local el duartismo buscará cerrar los espacios a la disidencia, la protesta y la crítica. Su campaña para controlar las redes sociales y este reglamento, fascistoide y regresivo, son la punta del iceberg.

Pero no se podía esperar menos de un gobernador que es abierto admirador del dictador fascista español Francisco Franco. Nada más falta que pida que lo saluden al grito de ¡Heil, Duarte!

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