Mientras el Gobierno de Veracruz se ufana de contar con una policía “acreditada” y “especializada”, cada vez hay más evidencias y acusaciones sobre el comportamiento delincuencial de muchos de sus integrantes, que deberían estar en la cárcel y no patrullando las calles.

Así, por ejemplo, una familia denunció que la tarde-noche del pasado jueves 9 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública allanaron un domicilio en el municipio de Banderilla, conurbado con Xalapa, la capital de Veracruz. Estos policías, que según pertenecen a un “grupo especial” que se hace llamar “Barredora”, agredieron a golpes a todos los integrantes de esa familia, mujeres y niños incluidos, los robaron  y los amenazaron con regresar si los denunciaban.

Es la hora que la Secretaría de Seguridad Pública no ha hecho pronunciamiento alguno sobre los hechos, a pesar de que incluso se publicó el número de las patrullas en las que se transportan los policías señalados, 20-1512 y 20-2632. Ni siquiera porque el diputado federal por Xalapa, Uriel Flores Aguayo, conminó a las autoridades a salir a dar la cara, ha habido respuesta.
Esta es una actitud recurrente de la policía en varias ciudades del estado. En Orizaba, los elementos policiacos han sido acusados de hacer “levantones” de personas que le parecen “sospechosas” debido a su forma de vestir, a las cuales les dan una “paseada” para extorsionarlas.

Aunque lo más preocupante es que los elementos policiacos “orgullo” de Arturo Bermúdez se han visto involucrados en delitos graves, como el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio agravado.

El pasado 10 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado por la “detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia” en el caso del cantante del programa de televisión “La Voz México” Gibrán Martiz Díaz y otros dos jóvenes, que fueron detenidos por policías estatales en enero del 2014 y aparecieron muertos, dos de ellos, dos semanas después. Uno más, sigue desaparecido.

En una reveladora entrevista vía Skype para el programa de televisión por Internet Medios con M, el padre del cantante, Efraín Martiz, denunció que a su hijo y a los otros dos jóvenes los asesinaron los policías que los detuvieron.

Efraín Martiz asegura haber investigado que el joven que permanece en calidad de desaparecido, de nombre José Eduardo de la Cruz Caballero, “parece que se metió con el hijastro del secretario de Seguridad Arturo Bermúdez, por un tema de pleito de cantina. Este muchacho le da un aventón a mi hijo para ir al estudio, y en el trayecto del departamento al estudio, lo paran, porque ya le habían reconocido el carro, y ahí es donde comienza toda esta historia”.

“Así me lo dijeron gente de la misma policía, ‹señor, no iban contra su hijo, iban contra el otro muchacho que ya traía problemas con el secretario, pero desgraciadamente su hijo vio cuando lo mataron y como ellos no quieren testigos, pues su hijo, lamentablemente, y el otro menor, tuvieron que también matarlos (sic). Así me lo dijeron”, afirmó Efraín Martiz, quien por cuestiones de seguridad abandonó no sólo el estado, sino el país.

También manifestó en la entrevista que le concedió a la periodista Eirinet Gómez, que una de las razones por las que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación al gobierno veracruzano, fue porque comprobaron vía geolocalización que el teléfono celular de Gibrán Martiz estuvo en la Academia de Policía de El Lencero, lo que hace suponer que ahí se lo llevaron los policías que lo secuestraron, antes de que apareciera muerto en un paraje de la carretera Conejos-Huatusco, con signos de tortura y con armas sembradas junto al cadáver.

Esos son los policías “evaluados, certificados y capacitados, que demostraron estar resueltos a servir y proteger” del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

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