Cuando ya nadie se acordaba de ellas, las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el Gobierno del Estado de Veracruz han vuelto a sacudir al grupo gobernante, que una vez más fue exhibido como un chapucero.

 

Lo publicó el fin de semana el periódico capitalino Reforma y está confirmado por la Auditoría Superior de la Federación en su página Web: hay 15 denuncias penales contra la administración de Javier Duarte de Ochoa por la simulación de reintegros de fondos federales cuya aplicación en los programas para los que estaban destinados no fue acreditada. Se puede consultar en el siguiente link:
http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales

Dichas denuncias fueron presentadas por la ASF ante el Ministerio Público federal los días 11, 12, 13 y 20 de noviembre de 2014, y se encuentran en la fase de integración de las carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de la República.

 

Lo que se denuncia es una práctica recurrente de las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa que ha sido ampliamente reseñada: cuando la ASF realiza una observación sobre uso injustificado o sin comprobación de fondos federales, el gobierno de Veracruz ha procedido a reintegrar la cantidad observada por el órgano fiscalizador a una cuenta bancaria, la cual le extiende la ficha de depósito correspondiente, misma que se usa como comprobante de “solventación”.

 

El engaño ocurre cuando una vez que la ASF daba por solventada la irregularidad, de inmediato, el Gobierno de Veracruz volvía a disponer del dinero, vaciando la cuenta y dándole un uso sólo conocido por quienes realizaron esta operación, que es a todas luces irregular, fraudulenta, delictiva.

 

Y para no variar, los recursos federales cuyo reintegro fue simulado por el gobierno veracruzano corresponden a los fondos de Aportaciones para la Educación Básica, de Aportaciones para los Servicios de Salud, y de Aportaciones para la Seguridad Pública.

 

Para decirlo claro, se trata del mismo hoyo negro que le ha sido señalado al gobierno veracruzano por la Auditoría Superior de la Federación desde inicios de este año, y que según el gobernador Javier Duarte ya había sido “solventado”, por lo cual las denuncias presentadas ante la PGR, según sus dichos, “carecían de sustancia”.

 

Pero lo único insustancial es la credibilidad de este gobierno, que al verse exhibido en una nueva “transa” y un nuevo engaño a los ciudadanos veracruzanos, dirigió sus baterías y a sus esbirros en contra del órgano fiscalizador federal, al que acusó de mentir y de querer “dañar” a Veracruz.

 

Ahora queda claro por qué el anuncio del inicio de los procesos administrativos sancionadores en contra de los ex funcionarios estatales a los que pretende cargarse todo el peso de los desvíos de ésta y la anterior administración se quedaron en el mero escándalo mediático, como lo hizo patente el ex secretario de Finanzas Mauricio Audirac en la carta en la que afirmó no haber sido notificado de procedimiento alguno en su contra.

 

Y es que si la Contraloría General del Estado no ha solventado las observaciones de la ASF y las denuncias ante la PGR siguen su curso y en pie, ¿de qué van a acusar a Audirac y los demás ex servidores públicos defenestrados, que no sea imputable también a otros funcionarios en activo, hasta el más alto nivel de responsabilidad en el estado?
Pero hasta en eso simulan.

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