El lamentable episodio de la deuda del gobierno de Javier Duarte de Ochoa con la Universidad Veracruzana tomó un derrotero más grave todavía, que pone en serio riesgo no sólo a la institución, sino a la estabilidad misma del estado.

 
El secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, salió con barbaridad de que aun cuando el subsidio estatal para la Universidad Veracruzana está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la entidad –y de que, además, así lo mandata la Ley de Autonomía de la UV y la propia Constitución local–, eso “no obliga al Gobierno a otorgarlo”.

En palacio de gobierno siguen muy molestos con la “rebelde” rectora Sara Ladrón de Guevara porque pidió ayuda para la Universidad y reveló el monto de lo que el estado le ha dejado de  ministrar a la institución, más de mil 600 millones de pesos, en detrimento de la educación superior de todo el estado de Veracruz, recursos que el gobernador Duarte se negó a reconocer como deuda u obligación alguna para su administración.

En medio de los dimes y diretes, la rectora Sara Ladrón expresó este jueves que el presupuesto de la Universidad Veracruzana no puede depender de “simpatías o represalias” y que se debe anteponer la responsabilidad de atender a la educación superior.

Estas palabras debieron sonar como una explosión de dinamita en Casa Veracruz, al grado de que Gómez Pelegrín salió a hacer el papelón de declarar que de lo que depende el presupuesto de la máxima casa de estudios del estado es “de la disponibilidad de recursos; nosotros debemos garantizar que todas las áreas del gobierno funcionen, porque así lo requieren los veracruzanos”. Como si la preparación profesional de los jóvenes fuera menos importante que pagar sueldos de burócratas privilegiados, como todos los miembros del gabinete, él mismo incluido.

Pero fue más allá. El ¿responsable? de las finanzas de la entidad dijo que como en la Constitución local no se especifican montos ni porcentajes del subsidio del estado para la UV, el gobierno “ha cumplido” con el marco constitucional al darle a la institución lo que se les ha dado la gana.

Sólo que en el Presupuesto de Egresos de 2015 sí se contempla el monto total de lo que le corresponde aportar al Gobierno del Estado, y que asciende dos mil 465 millones 465 mil 720 pesos, dinero que debió haber estado en disponibilidad todo el tiempo, por mandato legal, y no por casualidad o eventualidades, como pretende hacer creer Gómez Pelegrín, otro candidato a enfrentar consecuencias penales de sus actos en el corto plazo.

Como Sara Ladrón ya no aguantó más seguir callando y “agachando” la cabeza ante un gobierno rufián que creía que podía pisotear a la Universidad Veracruzana, y exhibió el grave problema financiero por el que atraviesa la institución por esta causa, ahora le quieren aplicar la misma receta de abuso y revancha que utilizan con quienes son dependientes económicos de la administración estatal y que por motivaciones políticas o de mera víscera, han “caído de la gracia” del gobernador Duarte: la asfixia financiera.

Lo que al parecer el titular del Ejecutivo estatal no quiere entender es que está provocando tal clima de inestabilidad en la UV –a las agresiones financieras hay que sumar las perpetradas contra la seguridad e integridad física de sus estudiantes–, que el caldo de cultivo ideal para una revuelta estudiantil está a punto de ebullición.
De ese tamaño es la irresponsabilidad de Javier Duarte.

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