Ante el derrumbe de la economía del estado por la pésima administración de la que ha sido víctima, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa busca sacar dinero hasta por debajo de las piedras, y ahora va contra el sector productivo, contra los trabajadores y los generadores de empleos, los empresarios, a quienes no sólo no les paga lo que les debe, sino que los sangrará aumentando el cobro del impuesto a la nómina.

 

El miércoles pasado, el Ejecutivo estatal turnó al Congreso del Estado una iniciativa para, en un alarde de eufemismo, “hacer homogénea la tasa del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno del Estado quiere aumentar la tasa del impuesto a la nómina de dos a tres por ciento.

 

En el artículo 101 del Código Financiero del estado, se establece que el impuesto a la nómina “se causará, liquidará y pagará aplicando la tasa del dos por ciento” en términos generales. Pero precisa que tanto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de la administración pública, pagarán una tasa del tres por ciento.

 

La ecuación es simple. Con la iniciativa enviada al Congreso y a la cual se le dará entrada formal este viernes 25 de septiembre, lo que se busca es aplicar parejo a todos aquellos que paguen una nómina o cualquier tipo de remuneración en el estado de Veracruz, la tasa de tres por ciento. En eso consiste “homogeneizar” el impuesto.

 

El artículo 98 del Código Financiero contempla como remuneraciones al trabajo personal sujetas a este gravamen, ya sea subordinado o no, los sueldos y salarios, ya sea en pagos en efectivo por cuota diaria; gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie; los honorarios profesionales y emolumentos; las aportaciones del patrón al fondo de ahorro constituido a favor de sus trabajadores; las contraprestaciones contractuales, cuando el contrato tenga como objeto la prestación de un servicio; los pagos a los administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos, de vigilancia o de administración de sociedades o asociaciones como remuneración a dichos cargos; los pagos realizados a fiduciarios como remuneración a sus servicios; los pagos por concepto de servicios personales; y “cualquier otra de la misma naturaleza que las anteriores, con independencia de la denominación que reciba”.

 

Para justificar lo que representará un artero golpe contra el sector productivo del estado, el gobernador Duarte dice que lo recaudado servirá para “robustecer las finanzas públicas estatales para asegurar, entre otras cosas, los subsidios a instituciones prioritarias para el desarrollo de la entidad, como el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la Universidad Veracruzana (UV), así como para acelerar el calendario de pagos a contratistas y proveedores”.

 

O lo que es lo mismo. Aumentando el impuesto a la nómina el gobierno estatal pretende resarcir los efectos perniciosos de su desordenada administración de las finanzas públicas, que es la que ha colocado en situación de riesgo de colapso al IPE y a la UV, y por la cual no pagan a contratistas y proveedores, a quienes ahora, adicionalmente, les cobrarán más por el personal al que dan empleo en Veracruz.

 

Y es precisamente por ese lado por donde puede estallar una bomba. Incrementar este gravamen tendrá como consecuencia que las empresas o bien quiebren, o que para evitarlo recurran al adelgazamiento de su nómina, a despedir personal. No hay manera de soportar un aumento en un impuesto de este tipo cuando no hay circulante en la entidad, que está sumida en una crisis que, con esta medida, se ahondará.

¿Y este gobernador dice tener un doctorado en Economía?

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