Encerrado en sí mismo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa aplica con temeridad aquella frase del ex presidente Carlos Salinas de Gortari al referirse a la críticas de la oposición de izquierda de aquellos años: “ni los veo, ni los oigo”.

 

Así hace también Duarte de Ochoa. Sólo que él se la aplica a todos los habitantes del estado de Veracruz. No escucha a nadie, no ve a nadie. Está amurallado en Casa Veracruz, de donde solamente sale cuando le es estrictamente necesario. Y lo que es peor. Está atrapado por el odio y la soberbia.

 

Las críticas, los argumentos, los llamados a la razón y la prudencia, le tienen sin cuidado al hombre que tiene en sus manos la responsabilidad de conducir el destino de ocho millones de habitantes de un estado sumido en la pobreza, la inestabilidad económica y política, y la inseguridad.

 

Así, sin medir las consecuencias, como si el poder le fuera a durar para siempre, emprendió una auténtica cacería contra sus enemigos políticos, los Yunes panistas y priistas, que como siempre sucede, al final terminará revirtiéndosele al estar sustentada en cimientos de arena.

 

Al momento de redactarse este texto, trascendió que estaría por presentarse la solicitud de juicio de procedencia en contra del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, para desaforarlo y juzgarlo por presunto enriquecimiento ilícito, “estrategia” elaborada para intentar sacar de la sucesión por la gubernatura al padre del edil, el diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares.

 

Lo que los “sesudísimos” asesores de Duarte no han alcanzado a vislumbrar, en su cortedad de miras e impericia política, es que la esquizofrénica persecución a los Yunes lo único que ha logrado es victimizarlos ante la opinión pública y, contrario a su objetivo, abrirles la puerta para que ganen las elecciones del año entrante.

 

Pero la “guerra” de Javier Duarte no es solamente contra su némesis política. También la ha emprendido contra el sector empresarial, contra los universitarios e incluso contra los propios empleados del Gobierno del Estado, a quienes les “jinetea” impúdicamente sus recursos económicos.

 

Tradicionalmente, el sector empresarial veracruzano se ha distinguido por ser un “aliado” casi incondicional de las administraciones estatales en turno, ya que ello les ha representado acceder a jugosos contratos de negocios para la obra pública y la prestación de servicios. Lo único que los empresarios no están dispuestos a aceptar es que les toquen su dinero.

 

Pues Javier Duarte, además de “ahorcar” económicamente a los proveedores gubernamentales durante todo su sexenio, ahora pretende que sea el sector productivo el que pague las deudas contraídas por la peor administración estatal de la que se tenga memoria en Veracruz, a través del aumento de 50 por ciento a la tasa del impuesto a la nómina.

 

Ante la sordera del gobernador, las cámaras empresariales advirtieron que si se aprueba el incremento a este impuesto -que, por si no bastase, no se sabe en qué se ha aplicado lo recaudado por este concepto, pero seguro que en infraestructura y obra pública no, como se supone que debería-, romperán con el Ejecutivo estatal. Algo nunca visto en la historia reciente de Veracruz.

Pero es natural. Jamás habíamos tenido un gobernador así.

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