Para quitarle presión al tema de la imposición de Alberto Silva como dirigente estatal del PRI y terminar de “planchar” su asunción, el gobernador Javier Duarte hizo un anuncio espectacular.

En su conferencia matutina  de inicio de semana, Duarte de Ochoa dijo que para hacer más efectiva la austeridad de su administración –decretada varias veces en lo que va del sexenio– ahora iría contra uno de los grandes lastres del sistema educativo: los “aviadores”, esos maestros que cobran un salario por estar frente a grupo y que no cumplen con esa función y trabajan en otra cosa, serían cesados.

Según los números presentados por el gobernador de Veracruz, en el estado hay dos mil 173 “aviadores” en el sector educativo que cobran sin trabajar, mismos que, tomando literalmente sus palabras, a estas horas ya deberían haber sido despedidos fulminantemente y sus plazas canceladas, pues como dijo Duarte de Ochoa, ni siquiera son servidores públicos, y en cambio, le causan un “agravio” a las finanzas públicas de la entidad del orden de 815.3 millones de pesos anuales.

Asimismo, también dio a conocer que existe un excedente de mil 585 plazas estatales en ese sector, por lo que la Secretaría de Educación implementará un programa de jubilación anticipada para trabajadores de entre 25 y 29 años de antigüedad, con pago de pensiones ¡al 100 por ciento!, y congelamiento inmediato de esas plazas.

Por si fuera poco, en el “decálogo” de medidas de contención del gasto para el sector educativo se contempla que los profesores que tengan más horas y plazas de las que puedan trabajar se “ajusten”  a la normatividad. Y la cereza del pastel: que los maestros que ocupen cargos de elección popular o gubernamentales opten por cobrar ahí o en sus plazas magisteriales, porque no se les permitirá hacerlo en ambos lados.

Dicho así, de sopetón, suena a que se trata de medidas no solamente pertinentes, sino incluso históricas. De meter en cintura a un sector que lleva años cometiendo abusos en perjuicio de la educación y del erario de los veracruzanos. Por esta sola decisión, Javier Duarte podría ser considerado un “prócer” del estado. Claro, si esto fuera real.

A todas luces, el anuncio de este lunes es una tremenda simulación. Para empezar, los principales traficantes de plazas, comisiones y cuotas son los líderes sindicales magisteriales que, por si alguien no lo había notado, son aliados políticos y electorales del régimen. Arrebatarles su principal fuente de poder, a menos de un año de las elecciones, sería un suicidio.

Son los líderes sindicales los que acumulan plazas que no trabajan a través de familiares, amigos, amantes, cómplices y un sinfín de prestanombres. ¿Se imagina que de momento no sólo los dejaran con una sola, sino que además los mandaran a un aula a dar clases, lo que no hacen desde hace décadas, si alguna vez lo hicieron?
Es inverosímil la sola idea de que alguien como Juan Nicolás Callejas, actual líder de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, renunciase a su curul para irse impartir clases frente a grupo.

Y que suelte el control del magisterio agrupado en la sección 32 del SNTE es simplemente impensable.

Pero suponiendo, sin conceder, que todas estas medidas sean reales, ¿con qué va a pagar el gobierno de Javier Duarte las jubilaciones anticipadas de mil 585 personas, así como la liquidación de otras dos mil 173, si no hay dinero ni para completar la nómina mensualmente?

Y queda una última pregunta: ¿tardaron cinco años en darse cuenta que hay “aviadores” en el sector educativo?

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