De última hora, la noche de este martes 20 de octubre el gobernador Javier Duarte hizo otro anuncio “espectacular”: presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para el pago del 90 por ciento de la deuda pública “heredada a esta administración”.

Para lograr tal “proeza”, el mandatario propone en su iniciativa destinar los ingresos de tres fondos, dos federales y uno estatal, para el pago de esos pasivos, por el orden de unos tres mil millones de pesos.

Esos fondos son el de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y el de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de los cuales el Gobierno del Estado pretende disponer del 25 por ciento del total, así como los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, conocido como impuesto a la nómina, y cuya tasa acaba de ser aumentada de dos a tres por ciento.

En su mensaje a los medios, Javier Duarte dijo que con esta medida “se logra un fuerte impulso para dinamizar la economía en Veracruz; se agiliza el pago a proveedores y contratistas, y se podrán realizar más obras productivas para atender a los sectores más necesitados de la población”.

Más allá de la demagogia, vamos por partes. En el caso del FAFEF, el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación permite a las entidades federativas usar esos recursos para sanearse financieramente a través de la amortización de la deuda. Así que ahí, y en caso del impuesto a la nómina, la jugada sería legal.

No así con el FAIS, cuyos recursos sólo pueden ser destinados para obra pública, tal como lo establece el artículo 33 de la misma Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.

Hay más. Como el mismo gobernador señala, de aprobarse su decreto se pagaría el 90 por ciento de la deuda “heredada”. Más no de la deuda total, que oficialmente es de más de 40 mil millones de pesos, aunque según estimaciones de economistas y legisladores es cercana a los 100 mil millones de pesos. O sea, lo que se liberaría es peccata minuta contra lo que se seguirá debiendo.

No es lo único. Con esta medida, el 25 por ciento de los recursos que por 30 años deberían utilizar administraciones futuras, las traerán a valor presente para pagar deuda, lo que significará que los gobiernos que sucedan al de Duarte de Ochoa no podrán utilizar los fondos de las aportaciones federales para inversión productiva y obra pública.

Según Javier Duarte, “esta medida no significa más deuda para los veracruzanos, y nos permitirá liberar participaciones federales que tenemos en estos momentos comprometidas para el pago del servicio de la deuda pública”.

Pero contrario a lo que asegura el gobernador, esta medida sí implica nuevos  compromisos crediticios para el estado, porque al ya no disponer de las participaciones federales para continuar endeudándose, ahora buscan empeñar las aportaciones para liquidar créditos viejos, liberar esas participaciones, que son recursos sin etiqueta, y así estar en condiciones de generar créditos nuevos.

Lo más grave es que, fiel a su costumbre, el gobierno de Javier Duarte no habla en ningún momento de transparencia en el uso y destino de los recursos de los que pretende hacer uso para pagar la deuda “heredada” de una administración de la cual el actual gobernador formó parte y fue el responsable de las finanzas.

 

 Y mucho menos, de lo que harán con el dinero fresco que reciban.

Pero que no quepa duda. Se trata de contratar deuda para pagar deuda. Ya los que vengan, que se arreglen como puedan.

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