La “liquidación” de “90 por ciento” de la deuda “heredada” de la administración anterior esconde muchas medias verdades, varias falsedades y una intentona por pasar por encima de la ley para seguir sangrando hasta la última gota las finanzas estatales.

 

Tras el anuncio del martes por la noche hecho por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el subsecretario de Planeación y Finanzas, Arturo Jaramillo Díaz de León, confirmó que la iniciativa de decreto enviada al Congreso del Estado busca contratar tres nuevos créditos con la banca de desarrollo y comercial, para lo cual el gobierno estatal dejaría en garantía dos fondos federales y uno estatal, con lo cual se pagaría un monto de 21 mil 700 millones de pesos.

 

Estos nuevos créditos, que no son otra cosa que la reestructuración de la deuda pública del estado que se anunció hace semanas, se distribuyen de esta manera: el primero por 15 mil millones de pesos, por el que se dejará en garantía la recaudación del Impuesto sobre  Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el impuesto de tres por ciento a la nómina; el segundo es por cinco mil millones de pesos, que se garantizará con el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); y un tercero por mil 700 millones de pesos, que será respaldado con el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) de manera irregular, pues se trata de recursos etiquetados para obra pública de beneficio social.

 

Según Jaramillo Díaz de León, el total de la deuda pública heredada desde la administración de Fidel Herrera asciende a 25 mil millones de pesos, por lo cual, con estos recursos, se cubriría el 90 por ciento de la misma.

 

Sólo que o alguien miente ahora, o en el pasado se falseó información en documentos públicos, lo que podría conllevar que se fincasen responsabilidades legales.

 

Según consta en el informe sobre la Cuenta Pública Consolidada de 2010 que entregó la Secretaría de Finanzas y Planeación al Congreso del Estado el 30 de mayo de 2011, al 31 de diciembre de 2010 el saldo de la deuda pública directa de la entidad ascendía a 12 mil 100 millones de pesos, producto de la contratación de una línea de crédito por 10 mil millones con Banca Interacciones, Banco Inbursa y Banco del Bajío, autorizada por el Congreso del Estado y publicada en la Gaceta Oficial el 4 de octubre de 2010; así como por dos créditos adicionales con Banca Afirme y Banca Mifel, por mil 100 y mil millones de pesos, respectivamente.

 

¿De dónde salieron los 12 mil 900 millones de pesos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa le endilga al de Fidel Herrera Beltrán, si ese informe de la Cuenta Pública 2010, presentado en 2011, fue elaborado en el presente sexenio por la Secretaría de Finanzas, para entonces encabezada por Tomás Ruiz González?

 

La respuesta la podemos encontrar en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, en el Anexo X, donde viene desglosada la deuda pública estatal reconocida, que asciende a 44 mil 760 millones 492 mil 978.50 pesos.

 

En ese anexo vienen puntualmente especificadas las fechas de contrato de todos los créditos que el Gobierno del Estado reconoce como deuda pública. Son 14 créditos con la banca comercial, cuatro con Banobras, así como la bursatilización del Impuesto Sobre la Tenencia Vehicular de los años 2006 y 2012.

 

La única deuda contraída y ejercida directamente en el sexenio de Herrera Beltrán es la de la bursatilización de 2006 –que entonces no fue reconocida como deuda–, contratada el 24 de noviembre de aquel año.

 

Absolutamente todos los demás créditos que suman más de 44 mil millones de pesos, de acuerdo con el anexo del Presupuesto de Egresos de este año, fueron contratados y ejercidos en el presente sexenio, el primero de éstos el 13 de diciembre de 2010, a unos días de haber iniciado la administración de Javier Duarte, con Banco del Bajío, por mil 500 millones de pesos.

¿Quién mintió, cuándo mintió y cómo saber que no siguen mintiendo?

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