​Durante su comparecencia ante los diputados de la LXIII Legislatura del Estado, el contralor Ricardo García Guzmán reconoció tácitamente el desorden financiero que ha caracterizado a la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Admitió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades en la Cuenta Pública de 2013 en el estado de Veracruz por 11 mil 100 millones de pesos, de los cuales, el gobierno estatal ha solventado –según él– cinco mil 300 millones. 

Pero adelantó que del resto, tres mil 600 millones de pesos no podrán solventarse, por lo que ese dinero tendrá que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. Y como alguien tenía que cargar con la culpa, dejó toda la responsabilidad sobre las espaldas del ex contralor y ex secretario de Finanzas de la administración duartista Mauricio Audirac Murillo, de quien informó que fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante diez años y a quien se le aplicará una sanción pecuniaria por 29 millones 383 mil pesos.

Según García Guzmán, debido a la “negligencia” y “omisión” de Audirac, la Auditoría Superior de la Federación presentó las conocidas denuncias de noviembre de 2014, que ya “fueron aclaradas”. Claro, luego de que de manera irregular la Procuraduría General de la República (PGR) las remitió a la Fiscalía General del Estado para que esa instancia determinara la procedencia de los delitos denunciados. Por supuesto, el fiscal Luis Ángel Bravo “no encontró” delitos qué perseguir.

Pero lo que el contralor y demás funcionarios estatales no quieren decir es que ya existen nuevas denuncias del órgano fiscalizador federal contra funcionarios del gobierno estatal por nuevas irregularidades detectadas, y en las que los señalados son otros conocidos personajes de la política veracruzana.

Es el caso de la denuncia número DGC/C1/2552/2015 presentada ante la PGR apenas el pasado 21 de octubre de 2015 por el director general Jurídico de la ASF, Óscar René Martínez Hernández, en la que se señala que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa “dejó de ministrar recursos públicos por un monto de mil 580 millones 503 mil 156 pesos provenientes de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (el Seguro Popular) de 2013”. 

“Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz incumplió con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables (…). Se presume la comisión de hechos probablemente constitutivos de delito, tipificados en la legislación penal vigente, en agravio de la Hacienda Pública Federal, toda vez que el servidor público señalado en el Dictamen Técnico, quien tenía a su cargo fondos públicos correspondientes al Seguro Popular 2013, a sabiendas de que éstos debían ser destinados exclusivamente a los objetivos del citado programa y radicados en los órganos y/o dependencias ejecutoras del gasto, en el tiempo y forma establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, indebidamente, no aplicó el total de las ministraciones al Régimen de Protección Social en Salud”, establece el texto de la querella de la ASF, de la que este reportero cuenta con una copia.

El Dictamen Técnico DGARFT “B”/052/2015, al que se alude en la denuncia, señala como presunto responsable del daño patrimonial a “Antonio Tarek Abdala Saad –flamante diputado federal del PRI por Cosamaloapan–, quien se desempeñó como tesorero general de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz”. La fecha en la que se detectaron las irregularidades es el 31 de marzo de 2014.

Además de esta denuncia, hay otras dos presentadas en 2015, una el 25 de agosto, la número DGJ/C1/1926/2015, por un daño patrimonial de dos mil 453 millones 529 mil 907.85 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); y la número DGJ/C1/2227/2015, del 18 de septiembre, por otro desvío en el Seguro Popular, éste por 98 millones 789 mil 860.43 pesos.

Como resulta evidente, los delitos y el modus operandi para cometerlos es el mismo de los denunciados por la ASF en 2014. Sólo que para evitar una nueva trastada de la PGR, en las denuncias se deja en claro que “el conocimiento de la presente denuncia corresponde a la Representación Social Federal, toda vez que los recursos provenientes del Seguro Popular 2013 nunca pierden su carácter de federal, cuestión que ha sido plenamente determinada por nuestro más alto tribunal, mediante criterios de jurisprudencia que de manera  reiterada han sostenido que las aportaciones federales, si bien son recursos que ingresan a la Hacienda Pública Estatal, no quedan comprendidos en el régimen de libre administración hacendaria”.

Así que esta vez, no les van a regresar las denuncias para que se autoexoneren. Y por lo que se sabe, vienen más.

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