“Hoy la ciudadanía demanda conductas más responsables de todos los entes políticos, un sistema moderno que castigue la corrupción y dé transparencia en el ejercicio público. Eso es lo que la ciudadanía quiere y lo que los servidores públicos les debemos a todos los ciudadanos de Veracruz”, dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa al presentar a los medios su propuesta de Sistema Estatal Anticorrupción.

Si hubiese que concederle el beneficio de la duda a la sinceridad de sus palabras y pretensiones, entonces el gobernador Duarte tendría en este momento una gran oportunidad para demostrar que la lucha contra la corrupción en Veracruz va en serio.

En la entrega de este espacio del pasado 24 de noviembre, dimos cuenta de una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apenas el pasado 21 de octubre de 2015 en contra del ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación y actual diputado federal del PRI por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá Saad, como presunto responsable de daño patrimonial por mil 580 millones 503 mil 156 pesos provenientes de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el Seguro Popular, de 2013.

Pues bien. Resulta que en lo que va de 2015, la ASF ha presentado ya otras tres denuncias ante la PGR en contra de varios integrantes y ex integrantes de la administración del “justiciero” gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El pasado 25 de agosto, la ASF presentó la denuncia número DGJ/C1/1926/2015 en la que señala que de las auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) en los ejercicios fiscales 2009 y 2010, se determinaron irregularidades que ascendieron a un monto de dos mil 326 millones 575 mil 100 pesos. Pero en el oficio número TES/2294/2010, el entonces tesorero estatal Carlos Aguirre Morales “acreditó el reintegro de los recursos” a la cuenta bancaria habilitada para ese propósito, lo cual no fue sino una simulación.

“Del análisis de las circunstancias referidas se desprende que servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz realizaron movimientos bancarios con el fin de simular la solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, para luego retirar los recursos a cuentas diferentes a las específicas para el manejo y administración  del FAEB.

“Es decir, se depositaron recursos en las cuentas destino, únicamente para obtener los documentos comprobatorios de los reintegros y presentarlos a la Auditoría Superior de la Federación para solventar las irregularidades determinadas. Hecho lo anterior, se retiraron los recursos públicos de las cuentas destino, por lo que no se pudo identificar la aplicación del numerario a los fines y objetivos del Fondo o, en su caso, que éste haya regresado a la cuenta específica, donde se debieron de haber ejercido”. Una práctica recurrente de este gobierno, denunciada por la ASF desde 2014.

El 18 de septiembre de 2015, la ASF presentó la denuncia número DGJ/C1/2227/2015, en la que se describen operaciones idénticas de simulación de solventación de irregularidades por 96 millones 789 mil 860 pesos del programa federal Seguro Popular en los ejercicios fiscales 2009 y 2010. Y en el Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/037/2015 señala como responsables de conductas ilícitas, por acción u omisión, al ex secretario de Salud Pablo Anaya Rivera; al ex director del Seguro Popular Leonel Bustos Solís; al ex contralor Iván López Fernández; al ex secretario de Finanzas y hoy titular de Infraestructura y Obras Públicas Tomás Ruiz González; al ex subsecretario de Finanzas Antonio Ferrari Cazarín; y al ex contralor y ex secretario de Finanzas Mauricio Audirac Murillo.

La más reciente denuncia de la ASF –hasta ahora– es la número DGJ/C1/2551/2015. Y la causa es la misma: simulación  de reintegro de recursos federales, también del Seguro Popular, pero del ejercicio fiscal 2011, por mil 602 millones 185 mil 792 pesos en perjuicio de la Hacienda Pública Federal.

El Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/047/2015 señala como presuntos responsables del quebranto nuevamente a Pablo Anaya, a Leonel Bustos, a Tomás Ruiz, a Iván López, así como al ex subsecretario de Finanzas y hoy secretario de Trabajo Gabriel Deantes Ramos; al ex secretario de Finanzas Fernando Charleston Hernández; y a Hugo Odón Flores Lira, ex director administrativo del Seguro Popular en Veracruz. 

Ahí están, perfectamente soportados en las denuncias –de las que este reportero cuenta con una copia– los actos de corrupción que el gobierno de Veracruz simula combatir, pero que en la realidad, solapa descaradamente.

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