​Mientras por un lado el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se reúne con sus periodistas afines para apuntalar a su candidato a sucederlo en el cargo, por otro ataca desmedidamente a los medios de comunicación que han sido críticos del desastre que ha significado su administración.

No solamente cortó cualquier relación comercial y publicitaria con los medios que no publican loas sobre su gobierno. A varios los ha amedrentado enviándoles auditorías, una tras otra, para que “le bajen” a la crítica y le cierren las puertas a sus adversarios políticos.

Pero el medio con el que la confrontación es frontal y ahora ha pasado al terreno institucional e incluso al personal, es con el periódico porteño Notiver, que dirige Alfonso Salces Fernández.

Notiver ha mantenido una línea crítica constante hacia el gobierno duartista durante todo el sexenio. En buena parte, porque la mayoría de los reporteros asesinados durante este periodo eran trabajadores de esta casa editorial. Pero sobre todo, porque los anteriores coordinadores de Comunicación Social, Gina Domínguez y Alberto Silva, pretendieron someter a su director como hicieron con los de los medios a los que para que callasen la realidad de lo que sucede en Veracruz, les taparon la boca con billetes.

Como no encontraron la manera de controlar a Notiver, optaron ahora por la difamación. A través de pasquines impresos y electrónicos, el duartismo lanzó una ofensiva contra el periódico y directamente contra Alfonso Salces, en la que además, han involucrado a su familia y a los reporteros asesinados, que ya no se pueden defender de las infamias.

Incluso, financiaron la publicación de un libro de un ex reportero de Proceso –ligado directamente al ex secretario de Gobierno y hoy coordinador de la bancada veracruzana del PRI en San Lázaro, Erick Lagos Hernández– en el que se afirma que todos los reporteros de Notiver asesinados tenían ligas con el crimen organizado, sugiriendo que el propio periódico también las tendría. Sin presentar pruebas.

Y fueron más allá. En su obsesión por golpear al diputado federal y aspirante a la candidatura de la alianza PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte mandó filtrar en algunos medios “aliados” documentos sobre supuestos negocios de la familia de su adversario político, entre los que se incluye un contrato de compra-venta de terrenos que data de 2010, entre una empresa presuntamente de su propiedad y la señora Sara Salces Fernández, hermana del director de Notiver, como si fuera un delito que una persona disponga de su patrimonio como mejor le convenga.

En un exceso que demuestra la condición emocional de quien ostenta la investidura de gobernador de Veracruz, en su cuenta oficial de Twitter Javier Duarte de Ochoa publicó una copia del referido contrato de compra-venta acompañado de esta frase: “Ahora lo entiendo todo, dueño del @NOTIVER envuelto en escándalo de corrupción del alcalde de #BocadelRío”.

La maniobra es burda, pero sobre todo, desproporcionada en niveles monstruosos. Javier Duarte ha lanzado todo el aparato del Estado en contra de quienes considera enemigos, sin importarle si afecta a personas que no tienen vela en esta confrontación, e incurriendo en actos que podrían ser ilegales, como la sustracción y difusión de documentos con información privada de personas físicas y morales.

Esto sucede con el proceso electoral ya en marcha y en la víspera de la visita que le hará al Ejecutivo estatal el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, según publicó el diario capitalino Reforma, para notificarle de los nuevos procesos contra el gobierno de Veracruz por malversación de fondos federales.

Quizás por eso el gobernador de Veracruz está completamente fuera de sí.

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