El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a manos de la policía estatal ha revelado a la opinión pública nacional la magnitud de un problema que en Veracruz fue acallado durante años.

Mientras continúan buscando -sin éxito, hasta el momento de escribir estas líneas- a los jóvenes que la policía entregó a un grupo criminal en Tierra Blanca, las autoridades sólo han encontrado cadáver tras cadáver de otras personas, tirados en parajes, calles y carreteras o enterrados en fosas clandestinas, tan sólo en la región en la que pudieran estar los plagiados.

En la zona de Xalapa, al menos 20 cuerpos fueron ingresados al Servicio Médico Forense este martes 26 de enero. También se reportaron homicidios y hallazgo de restos humanos en localidades de Boca del Río, Rinconada, Rafael Lucio, Corral Falso, Minatitlán y Las Choapas. Todos con huellas de tortura.

Se trata de una espeluznante oleada de violencia y muerte que el gobierno estatal no sólo es incapaz de detener, sino también ya de ocultar. El mito del estado seguro se les desbarata entre las manos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y al secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita.

Lo peor para las autoridades es que mientras más tiempo pasa, más cadáveres encuentran, menos los de los muchachos que tienen contra la pared al gobierno veracruzano, que como nunca antes, ahora sí está agarrado a un clavo ardiente que está a punto de caerse.

Porque como se ha dicho en reiteradas ocasiones en este espacio y los de otros periodistas del estado, la situación no es nueva. Las desapariciones de personas, las ejecuciones, la violencia incontenible, llevan años sucediendo en Veracruz. Sólo que los medios locales callaron irresponsablemente durante todo el sexenio a cambio de pingües convenios publicitarios que ni siquiera les respetaron, y los de fuera del estado simplemente no lo quisieron ver.

En la emisión del programa “Punto de partida” de la noche de este martes 26 de enero, la periodista Denise Maerker presentó un reportaje sobre la desaparición forzada de personas a manos de policías en Veracruz, en el que se destaca que el de Tierra Blanca “no es un caso aislado”.

Y no lo es. La pieza periodística presenta denuncias de familiares de desaparecidos en Ciudad Cardel y Úrsulo Galván, en las que el común denominador es que el encargado de la policía estatal al momento de esos hechos era el comandante Marcos Conde, quien hasta hace dos semanas se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca y que hoy está preso por su responsabilidad en la desaparición de los cinco jóvenes.

“Desde hace años, la entidad vive una crisis de desaparecidos. El informe de labores 2014-2015 de PGR señala a Veracruz con el mayor número de casos investigados por la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, refiere el reportaje, que también alude desapariciones en la comunidad de Potrero Nuevo y en las ciudades de Córdoba y Veracruz, en las que de igual manera participaron policías estatales.

El lunes 25 de enero, familiares de desaparecidos se manifestaron durante varias horas afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y demandaron juicio político contra el gobernador Javier Duarte “quien ha permitido que Veracruz se convierta en un estado en donde la policía está secuestrando a los jóvenes”, así como juicio penal contra Arturo Bermúdez, responsable de todos los policías de la entidad.

“No nada más son los cinco de Tierra Blanca, somos miles los que estamos con familiares desaparecidos. Pero nuestros casos están en el olvido. Tenemos investigaciones con cuatro o diez tomos, pero no aparecen”, sentenció Sara Rodríguez González, del Colectivo por la Paz Xalapa.

Mientras más escarban, brotan con más fuerza, entre los cadáveres, las pruebas del enorme daño que este gobierno le ha hecho a Veracruz. 

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