​Este domingo se cumplieron seis meses del multihomicidio de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en el que fueron torturadas y asesinadas cinco personas, entre ellas la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.

Seis meses en los que la Procuraduría de Justicia de la capital del país ha dado muestras claras de que no le interesa llegar al fondo de lo sucedido ni integrar una averiguación que proporcione certeza sobre lo que pasó realmente el 31 de julio de 2015 al interior de ese departamento en el que fueron privados de la vida de manera monstruosa Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa.

Hasta ahora, la Procuraduría de la Ciudad de México no ha acreditado un móvil contundente del multihomicidio, y de los tres sujetos que permanecen detenidos indiciados como autores materiales, dos se han retractado de sus declaraciones iniciales acusando coacción de parte de las autoridades para obligarlos a autoinculparse.

Desde el inicio de las investigaciones, la fiscalía mostró nula vocación por hacer justicia y se ha negado a indagar en la actividad periodística profesional de Rubén Espinosa y en el activismo social de Nadia Vera como posibles móviles del crimen, a pesar de que ambos, con antelación, realizaron declaraciones y señalamientos públicos sobre el hostigamiento que recibieron de parte del gobierno de Veracruz precisamente por esta causa, lo que obligó a ambos a dejar el estado, pensando que en la Ciudad de México estarían más seguros. 

En cambio, la Procuraduría capitalina se encargó de ensuciar las indagatorias filtrando pedazos descontextualizados de las mismas, con la intención de criminalizar a los muertos y crear la percepción de que “se merecían” su suerte, violando flagrantemente la Ley General de Víctimas, que en su artículo 5 establece que “las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie”.

Para más, el gobierno de Miguel Ángel Mancera montó un show para que el gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien fue señalado socialmente como responsable del crimen, declarara a sus anchas, en la comodidad de sus oficinas, una obviedad: que él no fue. Ni modo que dijera que sí.

Pasado el escándalo mediático, y como sucede con tantas cosas en este país, las autoridades, tanto las de la Ciudad de México como las del estado de Veracruz, apuestan al olvido. A que los asesinatos de Nadia y Rubén y los de las otras tres mujeres se conviertan en una mera estadística y el caso pase al archivo muerto de las ignominias.

En una carta difundida este fin de semana a través de las redes sociales, la madre de Nadia Vera, Mirtha Luz Pérez Robledo, exige a las autoridades la “búsqueda de la verdad, no nuestra verdad, no la verdad institucional, sino la verdad surgida de una investigación seria, justa, sin intereses políticos ni personales, sin dinero de por medio; una investigación clara, diligente, exhaustiva; exigimos lo que es nuestro derecho, porque ninguna persona debería perder la vida por causa del interés mezquino de otra”.

“Cuando no queda casi nada, queda defender la memoria, queda no volverse insensible ante la normalización de la violencia, de esa violencia perra que algunas veces sentimos tan lejos y otras veces nos abofetea en la cara. Queda dar la espalda al individualismo impuesto desde la lógica mercantil, a este ridículo ‘sálvese quien pueda’, queda ser solidarios. Queda no dar crédito a sus ‘verdades históricas’, a la estigmatización que se promueve desde los medios oficiales: ‘eran putas’, ‘eran drogadictos’, ‘eran narcos’, ‘eran guerrilleros’. Queda vivir con dignidad, nos queda la necedad de vivir sin tener precio.

“Porque en este país, el lugar más seguro sigue siendo un libro, les pido que permanezcan ahí. No nos acostumbremos a la violencia”, cierra su sentida epístola Mirtha Luz Pérez Robledo.

Queda exigir el fin de la aberrante impunidad.

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