La penetración del narcotráfico en la política electoral mexicana no es algo nuevo siquiera. Desde que comenzó a crecer el fenómeno, los vínculos de los grupos delincuenciales con los partidos políticos han salido a la luz en diferentes ocasiones.

Ninguno de los supuestos “candados” establecidos en las leyes electorales ha logrado evitar que los cárteles del narcotráfico “inviertan” en la política para buscar proteger el “negocio” desde posiciones de poder público. 

Más de un gobernador ha sido señalado por mantener vínculos e incluso recibir dinero del crimen organizado para sus campañas políticas o para alimentar fortunas personales. Ninguno ha sido presentado ante la justicia para responder por ello.

Los recientes casos que involucran a legisladores con capos del narcotráfico son una prueba de que los sucesivos “blindajes” para evitar que dinero del crimen organizado se “blanquee” en la política son o bien un rotundo fracaso, o una cínica pantomima.

En el PAN ahora todo mundo se deslinda de la postulación como diputada local por Sinaloa de Lucero Sánchez, quien es señalada por ser “amiga” del más importante narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con quien incluso habría compartido las festividades de fin de año.

Sin embargo, las señales sobre la vinculación de esta diputada –a la que ahora sí, quieren desaforar para expiar sus culpas– fueron públicas y no de ahora. Hace unos meses, en tribuna del Congreso de Sinaloa pidió la salida de la Marina de la región en la que buscaban al “Chapo”, alegando supuestas “violaciones” a los derechos humanos, entre otros indicios sobre sus lealtades y compromisos. Las justificaciones del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que alega que no estaba enterado de esta situación, exhiben indolencia, estupidez o complicidad.

Mismo caso de lo que sucede en la caliente zona veracruzana de Tierra Blanca, donde el diputado federal por el distrito, el priista Tarek Abdalá, fue “balconeado” por el diario Reforma en una fotografía junto al presunto jefe de plaza de la delincuencia organizada, Francisco Navarrete Serna, recientemente detenido por fuerzas federales y a quien se señala como responsable de la desaparición de cinco jóvenes el 11 de enero pasado, que le fueron entregados por la policía estatal.

Según Tarek Abdalá –sobre quien pesan denuncias vigentes ante la PGR por desvíos de recursos del orden de los dos mil millones de pesos a su paso por la Tesorería del estado de Veracruz–, no conoce a Navarrete y jura que fue “uno más” de los que se tomaron una fotografía con él durante su campaña. 

Pero de acuerdo con el diario Reforma, Navarrete Serna hizo mucho más que sólo sacarse una foto con Abdalá, pues afirma que participó en su campaña acarreando personas a los mítines, entregando playeras, tortas y cervezas, e incluso “operando” el día de la elección a través del robo de urnas. O lo que es lo mismo, de que el “impoluto” candidato lo conocía, no hay duda.

¿Cuántos narcocandidatos se “colarán” en los próximos comicios?

Las mentiras del Fiscal

Extremadamente grave lo que declaró el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras en torno de la detención este martes del sicario al que dio por muerto en el mes de agosto pasado en una balacera en un bar de Orizaba.

Según el Fiscal, siempre supieron que el criminal no fue abatido en esa ocasión. Pero que ocultaron esa información  como “estrategia” para agarrarlo “desprevenido”.

El Fiscal General del Estado de Veracruz aceptó públicamente que mintieron y desinformaron a la opinión pública. ¿Sobre qué más nos dirán mentiras consuetudinariamente?

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