Ayer, en este espacio mencionamos cómo el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, tuvo que salir a reconocer que ocultaron deliberadamente información sobre un sicario apodado “El Chichi” al que dieron por muerto oficialmente en el mes de agosto del año pasado, y cuya captura, vivo, fue anunciada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa como un gran “logro” de su administración hace dos días.

Evidentemente no contaban con que los medios harían su trabajo y evidenciarían la pifia, con boletín oficial de la Fiscalía por delante, dando cuenta que en ese entonces se informó que dicho delincuente había caído abatido durante la balacera del bar La Taberna, sucedida en la ciudad de Orizaba, hace seis meses.

Exhibidos, Bravo Contreras tuvo que salir a declarar que “siempre” supieron que “El Chichi” no se encontraba entre los muertos de aquella refriega, pero que lo ocultaron por “estrategia” para que se “confiara” y así lograr su detención.

Más allá de lo patéticos que resultan los “métodos” de procuración de justicia del gobierno veracruzano, lo que es un hecho es que, en efecto, ésa ha sido la “estrategia” de la administración de Javier Duarte de Ochoa durante los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo estatal: mentir compulsivamente y con ello, creer que pueden ocultar a la población lo que en realidad sucede en Veracruz.

Han mentido descaradamente al asegurar que este gobierno no contrató ninguna deuda y que sólo “renegoció” la adquirida en el sexenio anterior, en el que Javier Duarte fue secretario de Finanzas y “cerebro” de la bursatilización.

Mienten cuando dicen que en Veracruz hay paz, seguridad y gobernabilidad, y que lo único que sucede es que se roban “frutsis” y “pingüinos” de los Oxxos, mientras por todo el territorio aparecen cadáveres y hay ejecuciones a plena luz del día. Más de cien, tan sólo en el mes de enero de 2016.

Faltan a la verdad al afirmar que en Veracruz hay una administración eficiente y ordenada de los recursos públicos, y mes con mes pagan con cheques sin fondos a la burocracia y a los pensionados del estado.

Y así podemos seguir enumerando una a una todas las falsedades que se han presentado como declaraciones oficiales de la autoridad, como el respeto a la libertad de expresión, la democracia, la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para no ir muy lejos. Abrumado por los señalamientos publicados en el diario Reforma que lo vinculan con un presunto jefe de plaza del crimen organizado y que le recordaron las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su contra por el desvío de más de dos mil millones de pesos del erario público durante su gestión como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el diputado federal priista por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá Saad, publicó en su cuenta de Twitter que dicha investigación la concluyó la muy “confiable” Fiscalía General del Estado, “no encontrándose ningún elemento en contra mía”.

El “hijo putativo” de Javier Duarte también miente. La investigación no se ha cerrado, pues el “carpetazo” que pretendió darle la Fiscalía fue impugnado por la ASF -como se informó en este mismo espacio el 8 de septiembre de 2015- y el proceso de denuncia contra Abdalá Saad y otra docena de funcionarios y ex funcionarios estatales sigue su curso, lo cual, además, fue confirmado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información tras resolver el pasado 26 de enero el recurso de revisión IVAI-REV/1576/2015/I, interpuesto por un particular en contra de la Fiscalía General del Estado. “La Fiscalía ya concluyó, pero fueron impugnadas sus determinaciones; entonces, es hasta que concluyan”, declaró la presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez. 

O como bien señaló el pensador y dramaturgo español Félix Lope de Vega, “que no hay tan diestra mentira que no se venga a saber”.

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