​“El Departamento de Comunicación Social de la Fiscalía, partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario. Incluso hay algunos medios de comunicación que a partir de esa nota y de esos comentarios en redes se desmarcaron de algunas relaciones laborales que tuvieron. La Fiscalía, el área de Comunicación, por lo destacada que estaba ya esa información y para no diluir todas las posibilidades de las arterias de investigación, fue que consignó que se indagan todas. Y ésa, que ya era materia de nota de lo que todos conocemos.”

Lo anterior fue lo que declaró la tarde de este miércoles 10 de febrero el fiscal General del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a la periodista Denise Maerker en su noticiero para justificar la inmediata criminalización que la dependencia a su cargo hizo de la reportera Anabel Flores Salazar, a través de un comunicado oficial, apenas unas horas después de que había sido plagiada por un comando armado que finalmente le daría muerte.

El encargado de la procuración de justicia en el estado de Veracruz admitió al aire que vincularon con la delincuencia a la periodista secuestrada a partir de “rumores, comentarios en redes, algunas notas”. Y le echó la “culpa” a su Departamento de Comunicación Social. Como si él no fuera el responsable último de lo que da a conocer una instancia cuyas tareas son tan delicadas, pues implican la libertad, el buen nombre y la vida de los ciudadanos de esta entidad. 

No es una actitud que le extrañe a nadie en Veracruz. En todos los casos de asesinatos y crímenes en el estado, sean o no de periodistas, la reacción casi inmediata de la autoridad durante este sexenio ha sido idéntica: buscar culpar a las víctimas de su destino, sin que para llegar a emitir temerarias conclusiones como la citada, medie investigación alguna. Con “rumores, comentarios en redes, algunas notas”, les basta y sobra. Y si se trata de periodistas, con mucho mayor razón.

Esta “metodología” para cerrar casos ha perpetuado la impunidad en un estado donde la muerte y la violencia han adquirido carta de naturalización. Así como la aplican en el caso de Anabel Flores, quieren hacerlo con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Así hicieron con Regina, con Gregorio, con Moisés, con Rubén, con Nadia.

El presunto vínculo de Anabel Flores con la delincuencia ha sido rechazado por su familia. Y hasta el momento la autoridad no ha podido acreditarlo ni probar que participara en actividades ilícitas. Pero como de lo que se trata es de ensuciar a como dé lugar para evitarse la “molestia” de investigar de verdad, ya hizo circular correos electrónicos apócrifos, la “estrategia” de “comunicación” preferida de este gobierno, en los que intenta evidenciar una supuesta vida de lujos de la reportera, que ni siquiera vivía en la principal ciudad de la región, Orizaba, sino en el conurbado municipio de Mariano Escobedo, que se caracteriza por alojar complejos habitacionales de interés social.

Pero eso no importa. Con “rumores, comentarios en redes, algunas notas” es suficiente para criminalizar a quien sea. Así se “hace justicia” en Veracruz.

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