​De los poco más de cinco años que han transcurrido del sexenio de Javier Duarte de Ochoa como gobernador de Veracruz, tres han sido en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.

En esos tres años, el presidente de la República ha dejado hacer y deshacer a un gobernador que en más de una ocasión lo ha metido en serias dificultades, tanto por su impericia política como por su soberbia y, principalmente, por su incapacidad para desempeñar el cargo.

No hay que olvidar que en 2013, en los primeros meses del gobierno de Peña Nieto, cuando parecía que se inauguraba una nueva práctica política basada en los acuerdos para sacar adelante reformas legislativas, el escándalo provocado por los operadores duartistas grabados in fraganti mientras se ponían de acuerdo sobre la manera como desviarían recursos y programas sociales federales para apoyar las campañas de los candidatos priistas en los comicios locales de ese año, estuvo a punto de echar abajo aquel Pacto por México promovido por el Gobierno Federal.

La única consecuencia que “pagó” Javier Duarte fue tener que cesar -a fuerza- a uno de los protagonistas del desaguisado, el entonces secretario de Finanzas y Planeación Salvador Manzur Díaz, cuya aspiración por llegar a ser el siguiente gobernador quedó enterrada. Y sin embargo, meses más tarde fue “rescatado” y colocado en el delegación federal de Banobras en el estado, donde permanece, sin pena ni gloria, pero eso sí, cobrando.

Los sucesivos homicidios de periodistas y la desaparición de cientos de personas durante el sexenio duartista también han representado un dolor de cabeza para Peña Nieto. Las condenas internacionales por esta situación, anómala por donde se le quiera ver, también han alcanzado a la administración federal y al titular del Poder Ejecutivo. Organismos de derechos humanos de diferentes países han condenado la inacción del Gobierno de la República (ni qué decir del estatal) para frenar la espiral sanguinaria contra la libertad de expresión en Veracruz.

El colmo es que la propia Federación, a través de su órgano de fiscalización, ha detectado y comprobado el mal uso de los recursos que se transfirieron al estado para rubros tan importantes como la salud y la educación, por lo cual se han presentado denuncias penales ante instancias federales.

Y el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha hecho absolutamente nada. Ha detenido todos los procesos contra los corruptos funcionarios veracruzanos cuyas pillerías fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y le ha permitido a Javier Duarte mantener, contra viento y marea, a funcionarios como el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, a pesar del manifiesto desastre en la materia que se vive en la entidad desde hace varios años.

Mientras Veracruz está ahogándose en un mar de sangre, Peña Nieto ha preferido voltear hacia otro lado. Incluso, le permitió a Javier Duarte reformar la Constitución para que el próximo periodo gubernamental sea de dos míseros años, en los que no se podrá hacer nada para superar la crisis económica y social por la que atraviesa el estado. Y a punto estuvo de dejarlo colocar sucesor.

En su columna de este jueves 11 de febrero, el periodista Salvador Camarena se preguntó qué le debe el presidente a Javier Duarte. Sólo ellos lo sabrán.

Pero a los veracruzanos, Peña Nieto les queda a deber cientos o quizá miles de muertos y desaparecidos. Un estado sumido en la desgracia, la quiebra económica y la desazón.

Al menos por omisión, el presidente es cómplice y, por ende, responsable de este desastre.

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