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Sumido en una crisis económica de la que no se ve cómo se pueda salir ni siquiera en el mediano plazo, con una violencia que no amaina, sino que va a la alza en estados como el de Veracruz, México experimenta un creciente descontento de la población, del cual el régimen ha tomado nota.

Mientras todavía muchos siguen de vacaciones, en el Congreso de la Unión se fragua un manotazo autoritario para cancelar las garantías constitucionales de la población cuando al gobierno le resulte preciso.

El pasado martes 29 de marzo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República que reglamenta el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que permitiría al Ejecutivo Federal suspender las garantías individuales de los habitantes del país y decretar el estado de excepción, previo aval de la Cámara baja y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien es cierto esa facultad ya se la otorga la Constitución al Presidente de la República, la minuta aprobada en comisiones por los diputados establece que el Ejecutivo podrá suspender garantías en caso de “invasión”, “perturbación grave de la paz” o algún otro conflicto que ponga “a la sociedad en peligro”.

Como resulta evidente, la redacción del ordenamiento es totalmente ambigua, y se deja en manos del gobierno la interpretación de cuándo la sociedad esté en peligro o exista una perturbación grave de la paz. 

Ubicándonos, por ejemplo, en el contexto del estado de Veracruz, las megamarchas de protesta convocadas por la Universidad Veracruzana hace unas semanas para exigir al gobierno estatal el pago de los adeudos que mantiene con la casa de estudios podrían ser consideradas como una “perturbación grave de la paz” por un gobernante como el que tenemos en la entidad. Así también, de aprobarse esta norma, quedaría a criterio del Ejecutivo federal cuándo suspender los derechos civiles de la población, aun cuando tenga que pasar por el tamiz de la Cámara de Diputados y de la Corte.

Se trata de una iniciativa sumamente peligrosa para las libertades de expresión, manifestación y reunión de los mexicanos, que podrían ser conculcadas de acuerdo con cálculos e intereses políticos y no por causas plenamente justificadas.

La diputada federal de Morena por Coatzacoalcos, Rocío Nahle García, quien votó en contra del dictamen, lo dejó en claro: “no se define qué se entiende por perturbación grave de la paz pública, conflicto o invasión (…) Esto es un cheque en blanco para que (el Ejecutivo) haga y deshaga en el país, e implica otorgarle un alto margen de las acciones que podría realizar para enfrentar una situación de emergencia”.

Los argumentos de partidos como Acción Nacional para aprobar la minuta, en cambio, son atrozmente pueriles, pues apelaron a los atentados terroristas de París, Bruselas y Pakistán. El chiste se cuenta solo.

Entrando en su curva descendiente el sexenio, sobre México se ciernen sombras autoritarias que amenazan con devolvernos a una época todavía más oscura. En términos llanos, es una patente de corso para reprimir.

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