​Ante la reiterada burla del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que dice que sí va a pagar sus adeudos pero simplemente no lo hace, la Universidad Veracruzana tuvo que recurrir a instancias internacionales, al menos para exhibir a los sátrapas.

Este martes se dio a conocer que desde el pasado 18 de marzo, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana envió al relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore Singh, una carta de denuncia por violación del derecho a la enseñanza superior en el estado de Veracruz.

Asimismo, también se informó que la semana pasada, miembros de ese mismo órgano directivo de la Universidad se presentaron en la oficina del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.

La Dirección de Comunicación Universitaria de la casa de estudios agregó que la misiva dirigida a la ONU también fue remitida a los secretarios de Educación Pública y de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, y a los titulares de las comisiones de Educación del Congreso de la Unión y de la LXIII Legislatura del Estado.

Hay que recordar que tras la megamarcha del pasado 10 de marzo, en la que más de 50 mil personas en todo el estado salieron a las calles a exigir al gobierno de Javier Duarte que pagara lo que le debe a la UV, tanto el gobernador como su secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, se comprometieron a cubrir los adeudos y a calendarizar los pagos.

Este mismo martes, el vicerrector Alfonso Pérez Morales dio a conocer que la administración estatal incumplió con su propio calendario, pues los pagos de los recursos federales correspondiente al mes de marzo no han sido entregados, mientras abril está a punto de terminar, lo que de acuerdo con el funcionario universitario, provocó a su vez retrasos en obras de infraestructura y de medidas de seguridad.

Y estamos hablando apenas del monto de recursos federales pendientes, que ascienden a 452.3 millones de pesos. Faltaría todavía agregar lo correspondiente a los recursos estatales no transferidos, que alcanzan la suma de mil 625.4 millones de pesos, más el pago del Impuesto Sobre la Renta.

La respuesta del régimen duartista al reclamo volvió a darse en los términos que acostumbra: sin dar la cara, a través de personeros. En este caso, y para mayor gravedad, una consejera electoral.

María Luisa Marrugat Castillo -una de las nuevas consejeras de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, promovidas en meses anteriores para sustituir a los consejeros “problemáticos” para el gobierno-, sin venir a cuento, fustigó a la rectora Sara Ladrón de Guevara, a quien le pidió no reclamar el dinero que se le debe a la UV porque, según ella, eso podría “incitar” a votar por un candidato en específico, y que mejor se espere a que pasen las elecciones.

Esta maniobra de colocarle una mordaza a la Universidad Veracruzana es no sólo burda, sino patética. Ahora resulta que durante el periodo de campañas no se le puede exigir al gobierno estatal que cumpla con sus obligaciones. Al rato van a decirnos que exigir que se detenga la ola de inseguridad “incide” en el proceso electoral y que nos esperemos hasta junio. Total, qué más da.

Sin duda, el sello de la casa de una administración sin escrúpulos, a la que la educación -y prácticamente todos los aspectos de la vida de los habitantes de este estado- le vale madre.

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