Decidido a utilizar cualquier recurso para incidir en el proceso electoral en marcha, el régimen se apresta a aprobar, sin mayor discusión ni análisis, la iniciativa de ley que criminaliza a las mujeres que se practiquen un aborto en el estado de Veracruz.

El pasado 21 de enero, la LXIII Legislatura del Estado aprobó, “por obvia resolución”, la iniciativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa para reformar el artículo 4 de la Constitución local y “proteger la vida desde el momento de la concepción”, lo que implica por consecuencia penalizar la interrupción del embarazo.

Esto ante la fuerte presión ejercida por la Iglesia Católica y en particular por la Arquidiócesis de Xalapa, que ha organizado varias manifestaciones públicas para impulsar esta enmienda legal y castigar, bajo consideraciones morales y religiosas, a las mujeres que decidan no continuar con un embarazo.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de su ratificación por parte de la LXIII Legislatura del Estado en el periodo ordinario que comenzó este 2 de mayo. Y ya hay fecha para ello. Los diputados decidieron que la ley antiaborto de Duarte sea votada en segunda vuelta por el Pleno el próximo jueves 12 de mayo, dos semanas antes de las elecciones.

Respecto de la inminente ratificación de la reforma antiaborto, la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, la académica Martha Mendoza Parissi, afirma que “la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, que sean resultado de una reforma constitucional conlleva graves consecuencias, tanto en término de la violación de derechos humanos de las mujeres, como en materia de salud”. 

Sostiene Mendoza Parissi que con esta reforma “se pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva”, y que se “generan diversas formas de violencia y discriminación, mismas que se traducen en la persecución social y legal de las mujeres que han tenido que interrumpir su embarazo”. 

Martha Mendoza, quien fuera la primera directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, señala que en lugar de criminalizarlas con reformas legales, los diputados deberían promover normas que “respondan a un programa de planificación familiar que garantice el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural; la superación de la discriminación y la ayuda a las madres solteras y sus hijas/os; leyes que faciliten la adopción; el amparo social vitalicio para niñas o niños con discapacidad; leyes que hagan posible una paternidad responsable; presupuestos para que la Secretaría de Salud cuente con una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna; modificar la legislación en materia educativa a fin de que existan programas de educación sexual acordes con las edades de las niñas y los niños en los diferentes niveles educativos”, entre otras cosas. 

Pero lo que Javier Duarte busca es congraciarse con los sectores más conservadores del estado para con ello atraerle votos a sus candidatos y quitárselos a la derecha panista, a costa de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida que, huelga decirlo, no le importan en absoluto. Como los de ninguno de los habitantes de Veracruz, como ha sido evidente durante todo su sexenio.

La hipocresía implícita es monumental. Pero como él mismo dijera, son tiempos electorales.

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