La investigación del portal informativo Animal Político que cimbró al gobierno veracruzano al desnudar uno de sus modus operandi para desviar recursos públicos puso el dedo en otra llaga: el de las notarías que avalan actos ilegales, entregadas a los familiares, los amigos y sobre todos, los aliados. O mejor dicho, los cómplices.

Ha sido casi una tradición en Veracruz, y seguramente en otros estados, que al final de cada sexenio el gobernador en turno reparta notarías entre sus allegados como “pago” por los “servicios” prestados al régimen. Y vaya que se trata de un buen pago.

Quien obtiene una patente para ejercer el notariado recibe en los hechos una verdadera mina de oro, pues por los servicios para otorgar la fe pública sobre diversos actos jurídicos se llegan a cobrar sumas millonarias. Es un negociazo, por donde se le vea.

Por ello es que muchos de los notarios son o han sido políticos o funcionarios que, una vez concluida su labor al servicio de un gobierno, son premiados volviéndolos fedatarios, condición que pueden incluso volver hereditaria al solicitar que la notaría pase a ser dirigida por sus familiares cuando les es preciso. En Veracruz existen varios casos.

Y por supuesto, al ser muchos de los notarios personas ligadas al régimen, cuando les es requerido algún “favor” desde el poder para dar “legalidad” a una operación, no pueden negarse. 

Eso es parte de lo que revela la última entrega del reportaje de Animal Político sobre las empresas fantasma por medio de las cuales el gobierno de Javier Duarte desembolsó más de 645 millones de pesos para obras y servicios inexistentes. Doce notarios públicos del estado, nombrados en éste y en el anterior sexenio, “dieron fe” del estatus “legal” de las empresas cuyos domicilios fiscales se ubican en casas de colonias populares, en tiendas de abarrotes y hasta en lotes baldíos, y cuyos “socios” ni siquiera sabían que lo eran.

Destacan, por ser políticos conocidos en Veracruz, los casos de Francisco Montes de Oca y de Raúl Ramos Vicarte. El primero avaló en la Notaría Número 10 de la ciudad de Córdoba la constitución de tres de las empresas fantasma. En el caso del segundo, fue su hijo, Israel Ramos Mange, quien dio el “visto bueno” a la creación de una de las empresas “pantalla” en la Notaría 59 del puerto de Veracruz. Además, Ramos Vicarte es director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado, el órgano que, por cierto, regula a los fedatarios de la entidad. Ambos, con una larga trayectoria dentro del PRI.

Lo que quedó al descubierto es otra de las costumbres más perversas del régimen, que dispone de las notarías de manera patrimonialista, como si las patentes fueran propiedad del gobernador en turno y que sirven para avalar y dar legalidad a negocios que, como los expuestos por Animal Político, representan fraudes al erario público.

Montes de Oca y Ramos Vicarte no son los únicos que han sido beneficiados con notarías a su paso por la política, definitivamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Tamara Morales Owseykoff, ex esposa del candidato del PES a la gubernatura, Alejandro Vázquez Cuevas, quien recibió la patente para el ejercicio del notariado de manos de Fidel Herrera Beltrán el 26 de agosto de 2010, año en el que su entonces marido fue echado de la campaña del PAN acusado de traición. 

Y por lo que se sabe, a algunos de los actuales candidatos de los partidos pequeños a la gubernatura les ofrecieron lo mismo para que aceptaran postularse y tratar así de pulverizar el voto de la oposición.

¿O a poco creían que era de a gratis tanta vocación “democrática”?

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