​Es una regla no escrita del sistema político mexicano que para actuar judicialmente contra algún miembro de la alta jerarquía gobernante, como lo son los mandatarios estatales, es indispensable, condición sine qua non, la venia del Presidente de la República en turno.

De otra forma, por más que un nuevo gobernante pretenda llevar ante la ley a uno de sus pares, le resultará prácticamente imposible. El sistema está diseñado para garantizar impunidad, no para hacer justicia.

El grupo gobernante que vive el ocaso del poder en Veracruz lo sabe bien. Por ello, en primerísimo lugar, busca “blindarse” de la acción judicial prometida en campaña y reiterada postelectoralmente por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, colocando en puestos clave como la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General, que ahora pasarán por el tamiz del Congreso local, a personajes que pertenezcan o sean cómplices del “duartismo” para que entorpezcan cualquier proceso penal que el siguiente gobierno busque abrir en su contra. Al menos, por cuanto hace a los delitos del fuero común estatal que les sean imputables.

Pero queda la vía federal, en la que, al menos en teoría, se podría actuar con mayor facilidad en contra del todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa y de sus funcionarios y ex funcionarios implicados en desvíos de recursos y daño patrimonial con fondos de la Federación, ya que ahí nada podrían hacer los neofuncionarios “a modo” del agonizante régimen, pues escaparía a su competencia.

Desde 2014, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado una veintena de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de funcionarios del gobierno de Veracruz por desvíos del orden de 35 mil millones de pesos, correspondientes a partidas y programas federales de las cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013. A lo que habría que sumar otros 15 mil millones en irregularidades recién detectadas por el órgano fiscalizador federal en la cuenta pública de 2014, lo que aumenta el monto total de lo desviado a 50 mil millones de pesos. Y eso que todavía falta por revisar los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, que serán auditados posteriormente.

El problema es que, precisamente, la PGR ha sido intencional y oficiosamente omisa ante estas denuncias, pues a pesar de que cuentan con el soporte legal y contable para que se actúe en contra de los defraudadores del erario, la autoridad federal ha optado por “congelarlas”, perpetuando la impunidad y la corrupción que el presidente Enrique Peña Nieto dice combatir, pero solamente de dientes para afuera.

En su columna de este miércoles, el periodista Salvador García Soto retomó el tema de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI, y entre otros motivos, aludió a una protección presidencial para gobernadores acusados de corrupción, como el mismo Javier Duarte de Ochoa, lo que habría sido fundamental en la debacle electoral priista. “Quedó claro que, en la disyuntiva de actuar contra sus secretarios tecnócratas que jugaron contra el PRI y meter a la cárcel a Javier Duarte, o aceptar la renuncia de Manlio Fabio, Peña prefirió lo segundo. De ese tamaño son los compromisos para proteger a gobernadores acusados de corrupción”, escribió el columnista.

Y apenas estaba haciendo pública su renuncia Beltrones cuando la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich -cercanísima a Manlio Fabio-, publicó un video exigiendo a la PGR activar las denuncias presentadas por su administración en contra de los funcionarios del anterior gobierno estatal que “defraudaron la confianza de los sonorenses”. 

En este país, para que un gobernador o ex gobernador pise la cárcel, se debe contar con la venia presidencial. ¿Qué será lo que le debe Peña Nieto a Javier Duarte, que está dispuesto a hundirse con él?

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