​La confirmación este lunes de que la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz “propondrá” a Gabriel Deantes Ramos para ocupar la vacante de comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), es prueba irrefutable de que el grupo gobernante saliente está dispuesto a lo que sea, hasta la ignominia, con tal de salvar el pellejo.

Casi lista está la telaraña institucional por medio de la cual le buscan amarrar las manos al gobierno que tomará el poder a partir del 1 de diciembre, a fin de que no pueda proceder en contra de los funcionarios y ex funcionarios que saquearon a Veracruz los últimos 12 años.

Con Francisco Portilla Bonilla perfilado para la Fiscalía “Anticorrupción”, y Deantes Ramos para el IVAI, sólo falta conocer a quién buscará imponer el duartismo en la Contraloría General del Estado, cuyo titular, derivado de la última reforma constitucional local, también debe ser “nombrado” por el Congreso estatal y cumplir funciones transexenalmente. Por supuesto, será otro miembro del mismo clan.

Y no sólo van a nombrar funcionarios a modo del actual régimen en las posiciones clave para detener la persecución judicial prometida. Fuera de sí, con una irresponsabilidad colosal, el todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa está propiciando una demolición institucional al despojar al próximo Ejecutivo de bienes muebles e inmuebles, imponiéndole cargas presupuestarias que sabe que en las condiciones financieras actuales no se pueden soportar y condonando impuestos para que la situación adquiera matices de desastre. Todo, con el objetivo de “reventar” económicamente a la próxima administración, y de paso llevándose “entre las patas” a todos los habitantes del estado, como ha sido la historia de este sexenio de terror. 

La ruta de escape que ha escogido Javier Duarte de Ochoa para huir de su responsabilidad y conseguir impunidad revela, en sí misma, una gran desesperación, al grado de que ni siquiera le importa guardar las formas. El sometimiento de la actual Legislatura para aprobar todo el “blindaje” a las corruptelas duartistas es grotesco, penoso, inmoral. Aunque, seguramente, gratis no.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, está plenamente consciente de ello. Tanto así, que este lunes publicó un desplegado en el periódico Reforma solicitando la intervención directa del presidente Enrique Peña Nieto. “Javier Duarte ha tomado la decisión de orillar a Veracruz al precipicio, provocando una reacción de la sociedad que puede salirse de las vías institucionales; su Gobierno no puede, no debe encubrir a quienes llevaron a Veracruz a la crisis social más grave de su historia”, espeta Yunes Linares en su mensaje al mandatario federal.

Y la vía por la que el Gobierno Federal puede actuar en Veracruz está perfectamente trazada. Desde el viernes de la semana pasada trascendió -sin que haya sido desmentido hasta ahora- que tanto el gobernador Duarte como varios integrantes y ex integrantes de su administración habrían sido llamados a presentarse a diligencias en la Procuraduría General de la República en torno de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por peculado y daño patrimonial a las finanzas públicas, por un monto que supera los 50 mil millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2014.

Así que sólo es cuestión de que en Los Pinos se decidan a poner un freno a este alud de abusos, activando las denuncias que ya existen, mismas que contienen las pruebas del desfalco y que llevan casi dos años esperando a que se les dé cauce jurídico.

¿Se atreverá el Presidente? Veracruz se lo demanda.

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