La descomposición de la vida y el debate público en Veracruz ha entrado en una fase de alarmante violencia, propiciada por la irresponsabilidad de un gobernante acorralado que, cual bestia herida, se revuelca furiosa antes de su estertor final.

La brutal agresión de la tarde de este miércoles por parte del mercenario grupo de choque de los “400 Pueblos” en contra del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, del dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya, del coordinador de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional panista Santiago Creel, y de los reporteros que cubrían las acometidas en las inmediaciones del palacio legislativo de la capital veracruzana, ha sentado un precedente nefasto que puede provocar una escalada de acciones violentas cuyas consecuencias pueden llegar incluso a la tragedia.

El deslinde vía Twitter de parte del todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto del ataque de las hordas de los “400 Pueblos” es, por decir lo menos, una ridiculez. Es público que este grupo y su dirigente, César del Ángel Fuentes, han sido patrocinados por éste y el anterior gobierno estatal para actuar como grupo de choque violento, que lo mismo invade tierras, predios e inmuebles, explota sexualmente mujeres menores de edad, que persigue a enemigos políticos del régimen, en la más absoluta y aberrante impunidad.

Es un hecho que los “400 Pueblos” acudieron al Congreso del Estado por instrucciones de quienes desde el régimen los subvencionan desde hace tiempo, a sabiendas de que los panistas se presentarían para hacer un llamado a la LXIII Legislatura a no nombrar un Fiscal “anticorrupción” que sea una burda “tapadera” de lo que supuestamente busca combatir, lo cual se tiene previsto que suceda este jueves.

Desesperado, repudiado, Javier Duarte está cada vez más solo. El propio PRI, en voz de su dirigente nacional interina, Carolina Monroy -quien es familiar del propio presidente Enrique Peña Nieto-, se deslindó del gobernador veracruzano al sentenciar que si un juez o alguna autoridad define que se debe proceder judicialmente en su contra, el Revolucionario Institucional “respaldará en todo momento a la autoridad. Que nadie esté por encima de la ley”.

Y es que tal parece que, al fin, ni en Los Pinos ni en el PRI están dispuestos a seguir cargando con la losa del desprestigio del peor gobierno de la historia de Veracruz. De ahí también los citatorios que la Procuraduría General de la República giró a funcionarios y ex funcionarios de la actual administración estatal, incluido el propio Duarte -cuya comparecencia del pasado viernes ante la titular de la PGR, Arely Gómez, está confirmada-, para tratar el tema de las denuncias presentadas desde hace dos años por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por peculado y daño patrimonial al erario federal.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que la PGR abrió otras 22 averiguaciones previas por nuevas denuncias de la ASF contra el Gobierno de Veracruz, con lo cual ya suman 48, por desvíos de recursos del orden de más de 50 mil millones de pesos en total. De ahí la desesperación, con síntomas de grave desequilibrio emocional, del gobernador. 

Sin importarle un bledo lo que pueda suceder, cual Nerón veracruzano, Javier Duarte está prendiéndole fuego al estado en su desaforado intento por escapar de la justicia.

Pero sólo cava, a mayor profundidad, la fosa de su propia ignominia. 

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