Queda un tramo de 122 días que parecen una eternidad, pues mientras los actores políticos del estado siguen enfrascados en la pugna y la diatriba, Veracruz padece las consecuencias del desgobierno, con regiones donde la autoridad simplemente no existe, y de la crisis económica que quiebra negocios, produce desempleo y desata la delincuencia.

El vacío de poder y autoridad que priva en la entidad se debe, fundamentalmente, a la ceguera y la necedad de un gobernante que se niega a entender que su tiempo concluyó, y de la peor manera; que quiere ejercer actos de gobierno como si estuviéramos en 2011 y, lo peor, que pretende dejarle un campo minado financiero, institucional y político a su sucesor. Sólo por el odio enfermizo que se profesan.

Al fiasco legislativo ordenado por Javier Duarte a sus serviles diputados se suma ahora la presión hacia los presidentes municipales. De acuerdo con el portal informativo Versiones, los ediles han sido llamados a la residencia oficial para que “acompañen” al gobernador saliente a presentar una denuncia contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y a que boicoteen sus actos, como la próxima presentación de su plan de desarrollo para el siguiente bienio.

La táctica para “convencer” a los ediles es la amenaza directa. Si no obedecen, caerán sobre ellos auditorías y denuncias penales del Órgano de Fiscalización Superior, arma política del régimen que es para lo único que ha servido desde su creación.

Situación similar se dio con los diputados locales, que como ya se mencionó en una entrega anterior de este espacio, también recibieron amenazas -no necesariamente veladas- de parte de Javier Duarte. Incluso, el diputado local del PRI Ricardo Ahued Bardahuil denunció en tribuna que le dijeron que lo iban a “madrear” por no apoyar los atracos legislativos ordenados por el gobernador.

Entre tanto, Javier Duarte continúa con su desbocada carrera hacia el abismo. No hay día que los medios de comunicación de la capital del país no publiquen nueva información sobre la inmensa corrupción duartista, sobre su riqueza malhabida, y sobre sus simulaciones para intentar esconderla, que terminan en el más absoluto ridículo, como fue el caso de la declaración 3 de 3 del mandatario veracruzano, que fue rechazada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, pues “se le olvidó” incluir el patrimonio de su esposa Karime Macías Tubilla, la gran beneficiaria de los abusos y la descomposición sexenal.

Quedan todavía cuatro meses en los que Javier Duarte puede seguir haciendo barbaridades contra Veracruz, sin importarle que la sentencia ciudadana del pasado 5 de junio hacia su mandato fue clara. 

Y aun cuando desde el Gobierno Federal, Los Pinos y la dirigencia nacional del PRI han dado señales de que se procederá contra el duartismo y sus corruptelas, las acciones emprendidas son de una lentitud paquidérmica, más cercanas a las tácticas dilatorias, cuando lo que necesita la entidad para recuperar la estabilidad son decisiones contundentes, propias de la gravedad de la situación.

Si tras haber perdido las elecciones Javier Duarte todavía fue capaz de cometer nuevos atracos legislativos, de amenazar a diputados y a alcaldes, y su policía de asesinar a otro periodista, ¿qué no puede pasar aún en el transcurso de los últimos cuatro, fatídicos, meses?

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