​Las nuevas revelaciones sobre las suntuosas propiedades de integrantes del grupo duartista en el extranjero no son más que la confirmación de lo que ya es más que sabido: desde la administración pública estatal se amasaron fortunas increíbles, injustificables, seguramente ilícitas.

Incluso, el propio señalado en las publicaciones de este miércoles, el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, no negó ser el dueño de los cinco inmuebles del complejo residencial The Woodlands Creekside Park, en Houston, Texas, por un valor total de más de 2.4 millones de dólares, cuya propiedad se le adjudica a él y a su esposa en el trabajo presentado por el portal Aristegui Noticias.

La justificación de quien es probablemente el más cuestionado y cuestionable funcionario de la administración duartista, publicada a través de su cuenta de Twitter, es verdaderamente de antología, una oda al cinismo: “todos mis bienes son producto del trabajo como funcionario, ingresos fuera del gobierno y a través de créditos; he actuado conforme a la Ley”, escribió el jefe policiaco.

La sola aceptación de Bermúdez sobre sus “ingresos fuera del gobierno”, debería ser motivo de una investigación por parte de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la probable comisión de los delitos de obtención y manejo de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y lavado de dinero. 

Pero llama la atención la chabacanería y tranquilidad con que los funcionarios y ex funcionarios del régimen se dicen “inocentes” de todas las acusaciones por actos de corrupción, a pesar de todas las pruebas, visibles, públicas y en su mayoría irrefutables, que han presentado no sólo sus adversarios políticos, sino autoridades fuera de la jurisdicción estatal, como la Auditoría Superior de la Federación.

Y esto puede que sea así por una razón simple, pero avasallante y desesperanzadora: que sepan, tengan la certeza, de que no habrá manera de echarles el “guante” y llevarlos a la cárcel por los desvíos de recursos y el enriquecimiento más que explicable y, sobre todo, soez, de todos ellos.

Porque en medio de la estridencia de los señalamientos de corrupción y las denuncias por peculado y daño patrimonial que pesan sobre una veintena de políticos del régimen agonizante en Veracruz, está un elemento del que poco se habla y que será fundamental a la hora de llamar a cuentas –si es que se les llama- a los duartistas-fidelistas: los criterios del nuevo Sistema de Justicia Penal para que un imputado por un delito sea llevado a prisión.

Tras la reforma al artículo 19 de la Constitución General de la República que da pie al nuevo Sistema de Justicia Penal, en el numeral se establece que “el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

En el caso de todos los demás ilícitos que no estén en esa lista, los presuntos infractores podrán gozar de la garantía de enfrentar las acusaciones fuera de prisión, al aplicárseles el principio de presunción de inocencia. 

Esto, que en el caso de la población común y corriente supondría un avance para evitar los abusos que tradicionalmente se comenten en la procuración e impartición de justicia en México, aplicado para la pudiente e influyente clase política es como una patente de impunidad que prácticamente la libraría de pagar penalmente por delitos que, como el peculado y el desvío de recursos públicos, son considerados como “no graves”. Sólo que se les lograran comprobar nexos con el crimen organizado, o la comisión de homicidios u otras faltas de ese calibre, pisarían la cárcel para desde una celda enfrentar sus procesos.

Así que tal parece que únicamente si hubiese una decisión política del más alto nivel para escarmentar a los malos gobernantes que con sus pillerías provocaron el hartazgo ciudadano que llevó a la reciente debacle electoral priista, veríamos a los saqueadores de Veracruz en prisión. De lo contrario, y a lo mucho, se les condenaría a resarcir el daño patrimonial, que si bien en la entidad no son poca cosa los montos a devolver, tampoco se repararía la catástrofe provocada ni se haría, en toda la extensión del término, justicia. 

Y por supuesto, ellos lo saben. Se saben impunes. De ahí tanto cinismo.

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