​Si es que no nos pasaron de humo alguna contrarreforma constitucional, se supone que México es, al menos en teoría, un Estado laico en el que se protege, además, la libertad de culto y de creencia religiosa.

De acuerdo con la definición del académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Jorge Adame Goddard, el Estado laico es “aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo”.

Dicho Estado laico, añade Adame Goddard, es el opuesto del Estado confesional, “que establece una determinada religión como religión oficial. La razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa, dentro de la misma organización política, de diferentes grupos religiosos”.

El Estado laico no confesional se instituyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1857 y desde entonces, está vigente como forma de organización política del país.

En ese sentido, el artículo 24 del texto constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. (…) Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

A su vez, el artículo 130 vigente se sostiene sobre “el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, y mandata que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”.

Desde 1857, la Iglesia Católica, que rige a la religión mayoritaria -más no la única- de este país, se ha pronunciado decididamente en contra del Estado laico y ha pasado por encima de la ley a lo largo de la historia de México con la complacencia –y conveniencia- de las autoridades políticas.

La andanada ultra conservadora que hemos atestiguado las últimas semanas en Veracruz es parte de una nueva ofensiva de la jerarquía eclesiástica católica por dar marcha atrás a legislaciones que no se ajustan a su particular visión del mundo, conculcando derechos humanos y, particularmente, violando la ley al inmiscuirse en decisiones de Estado presionando y amenazando abiertamente a las autoridades.

El activismo de la curia católica en el tema de la reforma antiaborto fue más allá de la legalidad, pues la Arquidiócesis de Xalapa utilizó el periodo electoral para ejercer presión sobre partidos y candidatos, llamando a no votar por aquellos que no estuvieran de acuerdo con una supuesta “protección de la vida” desde el momento de la concepción, concepto que terminó siendo introducido en la Constitución local luego de que la misma Iglesia amenazara con proceder penalmente contra los diputados locales si no la aprobaban. Todo, con la complacencia de los gobiernos federal y estatal.

En la fase de ratificación de la reforma constitucional en los ayuntamientos, la presión no ha disminuido. En Orizaba, por ejemplo, un sacerdote estuvo presente en la sesión donde el Cabildo la votó a favor.

Mismo caso del municipio de Veracruz. El obispo Luis Felipe Gallardo Martín del Campo se dedicó a hostigar y agredir durante varios días a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Belem Palmeros Exsome, quien se pronunció en contra de la penalización del aborto, mientras al alcalde porteño, Ramón Poo Gil, le temblaban las corvas ante la furia del cura. Tanto así, que llamó a sesión extraordinaria de Cabildo, sin convocatoria previa y sin avisar a todos los ediles, para ratificar la reforma antiaborto “fast track”. No lo fueran a excomulgar.

La cruzada antilaicismo y antiderechos se extiende hacia las iniciativas para reconocer jurídicamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, la legalización de las drogas y, en general, cualquier cosa que la religión católica no incluya en sus cánones morales. Aunque sobre la impunidad de los sacerdotes pederastas hace un convenenciero mutis.

Es la moderna inquisición que sueña con volvernos, como en la época de la Colonia, un Estado confesional en pleno siglo XXI.

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