Lo que ya puede calificarse como un rotundo fracaso para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en la peor actuación de una delegación mexicana en estas justas desde que se tiene memoria, es reflejo de lo que sucede con las instituciones en México en general: indolencia, manejo patrimonialista de los recursos y, principalmente, corrupción.

Tan solo el nombramiento de un personaje como Alfredo Castillo Cervantes al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es revelador de un patrón de comportamiento del gobierno mexicano. 

Se coloca en los cargos públicos a los “cuates”, sin importar si tienen capacidad y conocimiento para hacerse cargo de áreas específicas. O lo que es peor, a quienes ya demostraron su incompetencia para el servicio público, como es el caso del propio Castillo Cervantes tras su malogrado paso como comisionado de Seguridad en Michoacán.

Los resultados de estas decisiones están a la vista. Al momento de escribirse estas líneas, la cosecha de la delegación mexicana en las Olimpiadas cariocas era de apenas una medalla de bronce, lograda por un boxeador que tuvo que salir a “botear” en las calles meses antes como medida desesperada para conseguir dinero con el cual financiar su participación en las pruebas clasificatorias.

La constante de estas Olimpiadas ha sido escuchar historias de deportistas mexicanos que casi se tuvieron que pagar el viaje a Brasil, porque el apoyo de parte de las autoridades mexicanas fue nulo, como el del mencionado casi seguro único medallista connacional de estas competencias, el boxeador Misael Rodríguez; o como el del pesista Bredni Roque, quien acusó que el uniforme que le proporcionó la Conade para competir no era de su talla y tuvo que usar uno suyo y colocarle parches en las marcas comerciales para no provocar demandas de los patrocinadores. 

Ello, a pesar de que la Conade contó con un presupuesto de 16 millones 48 mil pesos para uniformes y artículos deportivos.

En contraparte, lo más destacado de la presencia de la delegación mexicana en Río fue que el titular de la Conade, Alfredo Castillo, se la pasó “echando novio” con su pareja mientras ambos asistían no a las competencias de los atletas mexicanos, sino a las de las estrellas de otros países. Valga decir que el gasto en el rubro de Servicios Personales de la dependencia, que incluye los viáticos, fue de 196 millones 28 mil 804 pesos.

La corrupción en el deporte institucionalizado en México –del profesional, ni hablar- no es algo nuevo, pero sin lugar a dudas ha adquirido niveles desastrosos en los últimos años, en varios estratos e incluso en diferentes niveles de gobierno. Es, sin temor a exagerar, una verdadera cueva de ladrones.

Para muestra, el descarado –e impune- desvío de recursos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz en el año 2014, el cual fue señalado recurrentemente por algunos pocos periodistas desde al menos dos años antes de que se celebraran las competencias y por el cual la Auditoría Superior de la Federación todavía le reclama al gobierno de Javier Duarte de Ochoa 721.9 millones de pesos provenientes de fondos federales que no se supo a dónde fueron a parar.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ha preferido cerrar los ojos ante la incompetencia y las corruptelas de sus amigos y aliados, como Alfredo Castillo y Javier Duarte. Y he ahí las razones y las consecuencias del olímpico fracaso de su administración, en Río de Janeiro y en muchas cosas más.

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