Como “jefe de las instituciones del estado” –así le encantaba que lo llamaran-, Javier Duarte de Ochoa es el responsable principal de la debacle sufrida por Veracruz durante su sexenio, misma que lo tiene cerca de ser sometido a un proceso judicial histórico.

Pero ciertamente, y en honor a la verdad, no es el único. A su lado hubo –aún hay- varios personajes que tienen tanta culpabilidad como él de la penosa situación por la que atraviesa la entidad en materia financiera, política y de seguridad. No sólo faltaron a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que la violaron con impudicia, obcecada y reiteradamente. 

Junto a Duarte de Ochoa, los integrantes de su círculo cercano manejaron a su antojo el presupuesto público; dispusieron de los contratos de obra e inversión de manera patrimonialista, como si les pertenecieran; premiaron o castigaron a proveedores según fuera el monto del “moche”; se repartieron cargos y se levantaron feudos políticos como si el poder les fuera a durar toda la vida. 

Y sobre todo, a la vera de esa impunidad que creían eterna, se amasaron insultantes e injustificables fortunas, inimaginables para muchos de ellos que, antes de llegar al gobierno, manejaban autos compactos, vivían en casas de interés social y compraban su ropa en las baratas de las tiendas departamentales.

La lista es larga, así que mencionaremos a los principales, como el ex tesorero Vicente Benítez González, el “señor de las maletas”, el dispersor del dinero en efectivo para financiar campañas, nóminas, convenios, sobornos. Lo que hiciera falta. Y que a cambio, pasó de ser un sencillo estudiante becario a un potentado propietario de mansiones de una manzana entera en Xalapa y de propiedades de alta plusvalía en países como Costa Rica.

Otro que destaca notablemente –para mal- es el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, quien a su paso por el gobierno se convirtió en dueño de hoteles, restaurantes, empresas de seguridad, escuelas de inglés y de residencias en el extranjero, y que militarizó a la entidad, violó flagrantemente los derechos humanos y civiles de la población e incluso está acusado de homicidio.

Mención especial merece el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, ex subsecretario de Finanzas y fallido aspirante a comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Gabriel Deantes Ramos, quien tuvo a su disposición el arca abierta de los recursos públicos para manipular y comprar elecciones, partidos, políticos y autoridades electorales, y quien de ser un humilde vendedor de teléfonos celulares en su natal Tampico, pasó a acumular una demencial fortuna en Veracruz.

Gina Domínguez Colío, la vocera fallida de Javier Duarte y alguna vez motejada como la “vicegobernadora”, dinamitó la relación del gobierno con los periodistas del estado, por un tiempo uniformó vergonzosamente la agenda informativa y hostigó a los críticos del gobernador, mientras se hizo millonaria dueña de cafeterías, residencias, hoteles, tiendas de artesanías y medios de comunicación.

Por supuesto, no podía faltar la mayor beneficiaria de la corrupción del duartismo: la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla, quien colocó a sus familiares en distintas posiciones estratégicas del gobierno desde las que se hicieron grandes negocios en los rubros de espectáculos, tecnología, agroindustria, infraestructura y operaciones financieras, y que ahora son investigados por la simulación de variados actos jurídicos.

Falta espacio para mencionar a todos los causantes del desastre veracruzano y varios se quedan, injustamente, en el tintero. Pero sin duda hay uno cuyo papel y responsabilidad en el actual estado de cosas es fundamental. Sin él no se podría explicar todo lo que ha sucedido en Veracruz los últimos 12 años, y a quien la historia deberá juzgar con la misma, si no es que con mayor severidad, que a Javier Duarte.

Y ése no es otro que el ex gobernador y actual cónsul de México en Barcelona, para vergüenza nuestra: Fidel Herrera Beltrán.

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