Este lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional discutirá el tema de la solicitud de expulsión de ese instituto político enderezada en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por lo que ha trascendido desde el fin de semana, ese órgano partidista determinará, en primera instancia, la suspensión de los derechos como militante del mandatario veracruzano, basado en las denuncias que por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal investiga la Procuraduría General de la República.

En el límite de la desesperación y para ejercer presión, Javier Duarte mandó publicar un desplegado a nombre de los diputados federales veracruzanos del PRI y del PVEM, en el que “cerraron filas” en torno de “su” gobernador y criticaron fuertemente al dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, por hacer “juicios sumarios” contra uno de sus militantes.

Lo que Duarte y sus corifeos no se atreven a admitir y señalar es que la decisión de someterlo a proceso político y judicial proviene de las más altas esferas. De la oficina del presidente Enrique Peña Nieto, para ser más claros.

La llegada de Enrique Ochoa Reza al PRI y su discurso contra la corrupción de los propios priistas no fue algo gratuito ni se trata de una ocurrencia suya. Es parte de una estrategia por medio de la cual el gobierno de Peña Nieto busca desmarcarse de esos gobernadores, como Javier Duarte, que debido a sus desastrosas administraciones propiciaron la más grande derrota del PRI en la historia de las elecciones de gubernaturas en el país.

Por ello es que se pidió la expulsión de Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte del Revolucionario Institucional. Por eso es que las corruptelas de los tres gobernadores salientes han sido profusamente exhibidas, hasta con cierta saña, en los medios de comunicación de la capital del país. Y es por esa razón que la Procuraduría General de la República anunció públicamente el proceso de investigación que sigue en contra del mandatario veracruzano, por lo pronto.

El camino es fácil de vislumbrar. Una vez que el PRI decrete que Duarte de Ochoa ya no es priista, la autoridad ministerial tendrá manga ancha para proceder penalmente en su contra sin que represente un costo político tan alto. En la cúpula tricolor podrán decir “ya no es uno de los nuestros”, así que “cortadle la cabeza” por corrupto.

Por eso la exasperación del duartismo por seguir aparentando una unidad que no existe en torno del gobernador, al grado de que los cuatro diputados federales del PVEM –incluido Javier Herrera Borunda, hijo del mentor de Javier Duarte, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán- y la priista María del Carmen Pinete, aseguraron que ellos no firmaron el desplegado de “defensa” del mandatario. 

Incluso, los operadores del duartismo llegaron al exceso de coaccionar a autoridades locales emanadas del PRI para que, a fuerza, se “adhieran” a la defensa de Javier Duarte, tal como lo denunció el senador Héctor Yunes Landa, quien también pidió la expulsión de Duarte porque, además de las denuncias que enfrenta, apoyó a “otro partido” durante las pasadas elecciones.

Aunque se niegan a ver la realidad, los fide-duartistas saben que tienen las horas contadas. Y que Javier Duarte no será el único por el que vendrán.

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