Tras la suspensión de los derechos como militante del PRI del gobernador Javier Duarte de Ochoa y otros seis priistas veracruzanos ligados a su grupo, la reacción generalizada de los ciudadanos fue que se trata de un acto de mera simulación.

 De un montaje, un teatro de los que se acostumbran en la política mexicana.

Razones para pensar eso sobran. Principalmente, por la enorme dilación con que en ese partido se dieron cuenta de que sus correligionarios eran unos pájaros de cuenta y decidieron actuar en su contra, a unas semanas de que de todas formas entreguen el poder.

El desaseo administrativo, las irregularidades financieras, la disposición fraudulenta de los recursos y programas públicos no es, en absoluto algo novedoso. Se comenzó a documentar prácticamente desde el inicio mismo del sexenio. 

Las primeras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por peculado y malversación de dinero federal datan, por lo menos, de hace dos años.

Asimismo, la violencia, los asesinatos, la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad del estado y los abusos de poder gubernamentales se hicieron sentir con gran fuerza desde el primer año de la administración que fenecerá constitucionalmente el próximo 30 de noviembre. Aunque en realidad hace mucho que está muerta.

¿Por qué entonces el PRI hasta ahora decide castigar los actos de corrupción que eran conocidos y expuestos públicamente desde hace varios años? ¿Por qué el Gobierno de la República decide poner un freno a los abusos de Javier Duarte y su camarilla cuando de todas formas ya se van?

La respuesta es muy sencilla. Porque lo que se está castigando no es la corrupción, ni la falta de probidad, ni la incapacidad para ejercer el cargo que se supone más orgullo debería provocar en un político nativo de este estado.

Ni siquiera se intenta sancionar la criminalidad expresa de algunos de los indiciados.

El sistema está despedazando a Javier Duarte y a los otros gobernadores que actualmente enfrentan señalamientos y procesos judiciales por ser unos perdedores. Porque no pudieron retener el poder en sus estados en las pasadas elecciones y entregaron la plaza a sus adversarios.

Es verdad que la brutal corrupción de los regímenes salientes provocó un hartazgo enorme entre los electores, mismo que los llevó a votar en contra del PRI, más que en favor de la oposición. Y es cierto también que ese mensaje fue entendido muy claramente en Los Pinos, que se vio obligado a tomar medidas urgentes ante lo que pareciera ser una premonición de lo que podría pasar dentro de dos años: la pérdida del poder presidencial.

Así que para lavarse la cara y aparentar un mea culpa, una falsa escucha del clamor ciudadano, el sistema decidió sacrificar a algunos de los monstruos que engendró, pues alguien tiene que pagar.

Si de verdad el gobierno de Enrique Peña Nieto hubiera estado en desacuerdo con el proceder de un gobernador como Javier Duarte de Ochoa, lo habrían detenido hace mucho tiempo, pues conocían perfectamente la situación de penuria económica, desfalco financiero, podredumbre y desesperanza en la que el fide-duartismo sumió a Veracruz desde hace varios años. 

En cambio, presumían al hoy defenestrado gobernador como ejemplo de la “nueva era” del PRI.

Pero algo es absolutamente seguro. Si el proceso iniciado contra Javier Duarte no llega hasta sus últimas consecuencias, si no son procesados penalmente él y su camarilla por todo el daño que le hicieron a Veracruz, que el PRI se despida. 

Ni expulsando a todos sus militantes se mantiene en el poder. Y en una de ésas, desaparece.

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