La desconfianza y desencanto ciudadano hacia las autoridades y la impartición de justicia en México está más que justificada, máxime cuando atestiguamos teatros como el de este fin de semana en el estado de Veracruz.

Durante la comparecencia ante diputados locales del contralor general del estado Ricardo García Guzmán, el pasado viernes 18 de noviembre, se presentó quien ocupó ese mismo cargo al inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa, Iván López Fernández, en plan de “soltar la sopa”.

Como forma parte de una lista de ex funcionarios denunciados por peculado, el primer contralor del duartismo fue a declarar ante los medios de comunicación que cuenta con pruebas de que García Guzmán fue omiso a la hora de solventar irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y de que protege ilegalidades en la administración estatal y a los responsables de haberlas cometido.

Asimismo, López Fernández acusó a García Guzmán de intentar extorsionarlo a través del jefe de asesores de la Contraloría, Miguel Ángel Gómez Malagón. “Y no fue con un abrazo, fue algo considerable”, aseguró el ex funcionario duartista.

Pero lanzó una acusación todavía más grave. Afirmó que durante el sexenio operaron por lo menos 600 empresas fantasma, de lo cual siempre estuvo enterado el ex gobernador prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, quien huyó hace más de un mes.

Y precisamente ese mismo día, se dio a conocer que una semana antes fue detenido en el aeropuerto de Tapachula un pariente de la ex “primera dama” Karime Macías Tubilla, quien transportaba pasaportes falsos de ella y de su marido, así como siete mil dólares en efectivo. 

Pero como no se trataba de un delito grave –porque ahora resulta que no es grave transportar documentos oficiales falsificados, con la intención manifiesta de cometer o ayudar a cometer delitos-, fue puesto en libertad.

Un día después, el sábado 19 de noviembre, se armó un gran revuelo por la detención del empresario y ex alcalde suplente de Boca del Río, Anselmo Estandía Colom, y de los ex funcionarios federales Graciela Tejeda y Felipe Sosa, acusados de haber cometido delitos electorales al conspirar para condicionar programas sociales durante los comicios intermedios locales de 2013, escándalo conocido como el de los “ladrones de elecciones”, en el cual están involucrados también el ex secretario de Finanzas estatal Salvador Manzur Díaz y el ex delegado de la Sedesol en Veracruz Ranulfo Márquez, entre más 50 ex funcionarios denunciados desde aquel año.

El gozo pronto se fue al pozo. Los detenidos fueron puestos en libertad tras pagar una fianza, pues los delitos electorales tampoco son considerados “graves”. Así que soltando una “lana”, se fueron a su casa y desde ahí podrán continuar con sus respectivos procesos. Y lo mismo sucederá con los demás indiciados.

Entre tanto, fue expuesto el entramado de corrupción que rodeó a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación General de Comunicación Social al actual diputado federal Alberto Silva Ramos, quien es investigado por el Servicio de Administración Tributaria por el desvío de más de 500 millones de pesos en publicidad a través de empresas fantasma. Pero él tiene fuero. El PRI tendría que permitir que le fuera retirado para proceder en su contra.

Como queda claro, el hilo conductor de todo, el elemente en común que estos casos tienen, además de la corrupción galopante, es el peor mal de este país: la impunidad, sublimada a través de las farsas de la justicia con las que pretenden seguir dándonos atole con el dedo a los ciudadanos.

Errata

Por un error involuntario atribuible por entero a quien esto escribe, en la anterior entrega de la Rúbrica se atribuyó el dato del número de feminicidios cometidos en Veracruz en el último año al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Pero la fuente correcta es el proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana”, realizado por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, el cual es coordinado por la doctora Estela Casados.

Una disculpa a los afectados y a los lectores.

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