El artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que “los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deberán ser veracruzanos y contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y cumplir con los demás requisitos que establezca la ley”.

Como queda bastante claro, contar con una carrera universitaria avalada por un título profesional es un requisito constitucional para ocupar la titularidad de una secretaría de despacho en el estado de Veracruz. 

No es opcional, ni deja resquicio alguno sobre la obligatoriedad de su observancia. No importa si el personaje es capaz, experimentado ni “buena onda”.

Esto viene a cuento por la polémica sobre el título profesional del secretario de Gobierno de la recién estrenada administración estatal yunista, el perredista Rogelio Franco Castán.

Desde que se supo que el pago que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le daría a Franco Castán por haber aliado al PRD a su causa sería la Secretaría de Gobierno, el segundo puesto de mayor jerarquía en el organigrama de la administración pública estatal, se comenzó a mencionar lo que era un secreto a voces: que el perredista carecía de título profesional y, por consecuencia, estaba imposibilitado legalmente para asumir ese cargo.

Durante todo ese tiempo previo a la asunción al poder del nuevo gobierno, Franco Castán guardó silencio sobre su situación académica. Lo más que llegó a contestar es que sí estaba titulado, pero sin mostrar la prueba de sus dichos.

Eso sucedió apenas este domingo 4 de diciembre, tres días después de haber rendido protesta en la Secretaría de Gobierno. 

Rogelio Franco publicó en su cuenta de Facebook una imagen de su título profesional como licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Pero presenta una “pequeñísima” salvedad.

La fecha de expedición del título de Franco Castán es el 28 de octubre de 2016. El Secretario de Gobierno de Veracruz tiene apenas poco más de un mes de ser, legalmente, un profesionista, si nos atenemos al documento que presentó y con el cual “hago constar que cumplo con el requisito de titulación exigida legalmente para asumir el cargo”.

La simulación de legalidad detrás de esto es vergonzosa. Quedó evidenciado que le fue expedido un título “fast track” al funcionario para que pudiera cubrir el requisito constitucional. 

Pero lo más grave es que haya sido la Universidad Veracruzana, la máxima casa de estudios de este estado y su rectora, Sara Ladrón de Guevara –cuya firma avala el documento-, la que se prestara a la pantomima legaloide. 

Ante la incredulidad generalizada, pues en la Dirección General de Profesiones de la SEP no existe registro alguno del título y mucho menos de la cédula, y el aluvión de críticas que se les vino encima, la Universidad Veracruzana emitió un comunicado la tarde de este lunes en el que señala que Franco cursó sus estudios en la Facultad de Derecho entre 1993 y 1997. 

Que el 29 de septiembre de 2016, 19 años después, el Consejo Técnico de la escuela lo “exentó” del examen profesional por “acreditar parcialmente estudios de posgrado”. Que el 18 de octubre siguiente el Secretario de Gobierno solicitó la expedición de su título. Y que, con una celeridad impresionante, la Oficialía Mayor de la UV lo emitió ¡diez días después!, el 28 de octubre pasado.

Mal empieza un gobierno que jura acabar con la corrupción y para pagar un compromiso político, simula cumplir con la ley y le da la vuelta, a costa incluso del prestigio de la universidad pública del estado.

Porque para ser, hay que parecer. Y esto lo único que parece es lo mismo de siempre.

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