Es absolutamente cierto que el principal responsable de la crisis económica y la virtual quiebra del estado de Veracruz es el ex gobernador hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

El manejo irresponsable de las finanzas públicas y el obsceno desvío de recursos que ocurrió en los últimos doce años, durante los cuales Duarte de Ochoa fue subsecretario y secretario de Finanzas, y después titular del Poder Ejecutivo estatal, son el origen, el núcleo del desastre financiero que se padece en la entidad no de ahora, sino desde hace al menos dos años, cuando no pudo ocultarse más el saqueo que provocó a su vez el desequilibrio que a últimas fechas derivó en un escenario de bancarrota.

Junto con Javier Duarte, comparten responsabilidad y ya tendrían que haber sido llamados a cuentas el también ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuyo sexenio se fraguó el más grande robo al erario de una entidad federativa en la historia de México, así como los múltiples ex secretarios y ex subsecretarios de Finanzas, los ex contralores y demás ex funcionarios estatales que aprovecharon su paso por la administración pública de Veracruz para enriquecerse y sumir a la entidad en el descrédito y la pobreza.

También es verdad que las administraciones federales que encabezaron los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y actualmente el priista Enrique Peña Nieto, dejaron hacer y dejaron pasar todas las corruptelas de Fidel Herrera y Javier Duarte, a sabiendas de lo que hacían y del daño que causaban. 

Los dos primeros por conveniencia política, pues nunca se atrevieron a meter en cintura a los voraces gobernadores priistas. El último, por pura complicidad. Y en todos los casos, también tienen responsabilidad en el quebranto de Veracruz.

Pero de eso a que ahora la nueva administración estatal se lave las manos y exija un rescate financiero para Veracruz, lo que en términos simples significa pedir que el Gobierno Federal le envíe diez mil millones de pesos al gobierno estatal a cambio de nada, sólo porque acaba de llegar, hay un trecho que parecería infranqueable.

La estrategia lanzada esta semana por el régimen que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares va por ese camino. Declarar a Veracruz en emergencia, exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto el rescate, y si no accede a hacerlo en los términos que se le plantean, amenazar con la desincorporación fiscal del estado respecto de la Federación. Un monumental despropósito.

La idea de la desincorporación fiscal con la que juega el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es un juego peligroso. Significaría un desafío al sistema federal en el que se sustenta el régimen político de este país. Una separación de facto del resto de la República, que además tendría enormes costos para Veracruz, pues significaría perder en adelante cualquier tipo de inversión de parte del Gobierno de la República en materia de obras y servicios. Es a todas luces, inviable política y hasta legalmente.

Pero el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió estirar la cuerda para ver hasta dónde aguanta, en medio de una estabilidad sostenida con promesas y el llamado “bono de esperanza” con que cuenta cualquier nuevo gobierno, mismo que se agota muy rápido.

Yunes Linares no es un novato de la política, aunque acostumbra jugar con fuego. Pero sin duda sabe que en el sistema político mexicano todavía no hay nadie que pueda chantajear a un presidente de la República.

Javier Duarte es prueba de ello.

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