Si hubo una promesa que caló hondo en la población del estado de Veracruz en las campañas y las elecciones del año pasado, fue la de llevar a la cárcel a los saqueadores de la entidad.

Más que el empleo. Más que la salud. Más que el combate a la pobreza. Casi al mismo nivel que la seguridad. La promesa de llevar ante la justicia para responder por sus delitos a Javier Duarte de Ochoa y a la pandilla de ladrones que lo ayudaron a desfalcar a Veracruz fue determinante para la victoria de Miguel Ángel Yunes Linares en los comicios del 5 de junio de 2016.

Pero a dos meses de haber tomado el poder en Veracruz, la nueva administración no ha podido poner tras las rejas a uno solo de los “peces gordos” responsables del quebranto de la entidad. Y al único que tenía detenido, bajo proceso en prisión, el ex director del Seguro Popular Leonel Bustos -funcionario de medio pelo si se le compara con quienes de verdad tomaron las decisiones en los últimos dos sexenios-, únicamente pudo mantenerlo detenido durante once días.

Este martes, un juez federal le concedió a Bustos la suspensión provisional del auto de formal prisión que le fue decretado el 20 de enero pasado por los delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias, que configuran las denuncias por un desvío de dos mil 300 millones de pesos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que es el nombre formal de lo que se conoce como el Seguro Popular.

Para que se concretara este tremendo palo a la administración de Miguel Ángel Yunes eran necesarios al menos dos factores: que las denuncias y averiguaciones sean endebles y mal hechas, por incompetencia o por malicia, o bien que el propio sistema busque asegurar su supervivencia, basada en la ausencia de castigo para quienes delinquen desde el servicio público y las tareas de gobierno.

Sea cual sea el caso, la sola posibilidad de que nadie pague por haber hundido a Veracruz en la miseria, el descrédito y el quebranto financiero, provoca ganas de vomitar. Y para alimentar nuestro pesimismo y desesperanza, el propio PAN adelantó este mismo martes que por el mismo camino transitaría el proceso penal que se sigue contra el dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, preso en el penal de Pacho Viejo desde el viernes pasado.

La principal promesa de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares está en severo riesgo de quedar como un mero fuego de artificio, como un globo desinflado, lo que tendría consecuencias funestas no solamente para sus proyectos políticos, sino para Veracruz e incluso para el país entero, pues habría la absoluta certeza de que en México ningún político responderá nunca ante la ley, aun cuando la viole ante los ojos de todo el mundo.

Porque si a un ex funcionario de nivel medio que fue denunciado por la misma Auditoría Superior de la Federación desde 2014 por los delitos antes mencionados, y que no representa políticamente prácticamente nada, el Gobierno del Estado no pudo mantenerlo en prisión ni dos semanas, ¿qué se puede esperar de los ex gobernadores, diputados locales y federales implicados en el saqueo a Veracruz? 

Adivinó. Pura, dura y soez impunidad.

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