​Como era de esperarse, al presentar la Auditoría Superior de la Federación su Informe General de la Revisión de la Cuenta Pública del año 2015, nuevamente el estado de Veracruz se llevó las “palmas” en cuanto al número de irregularidades probablemente constitutivas de daño patrimonial que le fueron señaladas por el ente fiscalizador.

Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2015 de Veracruz, en ese año todavía gobernado por Javier Duarte de Ochoa, representan un monto de posibles, muy posibles desvíos de recursos por siete mil 706.6 millones de pesos. 

Esto representa un porcentaje de 15.1 por ciento de las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos que otorgó la Federación durante ese año a las entidades federativas, colocando a Veracruz en el nada honroso tercer lugar nacional, sólo por detrás de Michoacán y la Ciudad de México.

Además, el informe de la Auditoría Superior de la Federación también da cuenta de un subejercicio de recursos durante ese periodo del orden de los 630.7 millones de pesos, que no se utilizaron para lo que fueron ministrados, mientras el estado se caía a pedazos, sin la más mínima obra pública y ahogado en deudas.

Estas nuevas cifras sobre desvíos de recursos se suman a las que en los últimos años había denunciado la Auditoría Superior de la Federación a la administración de Javier Duarte de Ochoa por 34 mil 57.1 millones de pesos, pendientes de solventar desde 2011. 

Y se preguntará usted, ¿cuál es la novedad? Todo México y uno que otro de los países en los que Javier Duarte anda a salto de mata están enterados del descomunal saqueo propinado a las arcas estatales por el peor gobernador de la historia de Veracruz, si no es que de toda la República. ¿Y qué con eso? Sigue libre. Prófugo, sí, pero sin rendir cuentas y muy probablemente protegido por algún ente de poder.

Y no solamente Javier Duarte está impune. Salvo su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, todos los demás integrantes de la pandilla duartista, corresponsables de la desgracia en la que se sumió al estado, siguen en la calle, muchos ostentando cargos públicos y hasta gozando de fuero constitucional.

Por más que los organismos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación señalen los malos manejos de los recursos y denuncien las corruptelas de quienes tenían la obligación de administrarlos con eficiencia, transparencia y honradez, si no se fincan responsabilidades y se hace pagar a los ladrones, todo se reduce a una pantomima, a una simulación de rendición de cuentas que cada vez convence a menos gente, y sobre todo, en una burla a los ciudadanos, a quienes todavía se les piden “sacrificios” por el bien del país y del estado.

Lo más seguro es que cuando la Auditoría Superior de la Federación presente el año que entra su informe sobre la cuenta pública de 2016, los resultados de la fiscalización en Veracruz sean muy similares a los de los últimos años. 

Y la impunidad, también.

Demandan transparentar contratos del duartismo con medios

A pesar de existir una sentencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que se hagan públicos todos los contratos y pagos que el gobierno de Javier Duarte realizó con medios de comunicación durante el sexenio anterior, por alguna extraña razón la actual administración se niega a entregar esa información a quienes se la han solicitado por las vías legales conducentes, y ha preferido en cambio recurrir a filtraciones parciales de esos datos a medios escogidos por ellos mismos.

Es indispensable que si se quiere avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como sanear la relación con los medios, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares dé el ejemplo y haga pública esa información, de interés para todos los veracruzanos. 

Y de paso, no estaría mal que también exhibiera el barril sin fondo del derroche mediático del sexenio de Fidel Herrera. Ahí empezó todo.

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