Urgido de un campanazo mediático ante la ausencia de resultados tangibles en los primeros cien días de administración, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares aprovechó el fin de semana para urdir la aprehensión del ex gobernador interino de Veracruz Flavino Ríos Alvarado.

El ex funcionario fue detenido por elementos de Seguridad Pública del estado la mañana del pasado sábado al salir de su domicilio en la ciudad de Xalapa y llevado a la Fiscalía General del Estado, de donde fue trasladado e ingresado al penal de Pacho Viejo el domingo.

A Flavino Ríos se le imputan los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento, por el que quizás haya sido el más grande error de su vida: haber facilitado a Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías Tubilla un helicóptero del gobierno estatal para huir de Veracruz al enterarse de la orden de aprehensión en su contra girada por la Procuraduría General de la República, en octubre del año pasado. La autoridad habrá de determinar su responsabilidad.

Sin embargo, es demasiado evidente la desproporción del castigo decretado para Ríos Alvarado. El Juez de Control con residencia en el distrito judicial con sede en el penal de Pacho Viejo lo sujetó a un año de prisión preventiva, por lo que seguirá su proceso recluido en la cárcel, a pesar de que los delitos que se le imputan no son considerados graves y debería habérsele concedido la posibilidad de salir en libertad tras el pago de una fianza.

A Flavino Ríos se le está cargando todo el peso de las culpas del duartismo sin haber punto de comparación con los latrocinios cometidos por otros integrantes de esa pandilla de saqueadores, muchos de los cuales andan tan campantes sin que hasta la fecha exista algún proceso judicial abierto en su contra, gozando de fuero y libertad. 

Y algunos, hasta recibiendo la bendición del nuevo régimen para postularse como candidatos a alcaldes por la coalición gobernante PAN-PRD.

Es increíble que a Flavino Ríos se le encierre en prisión un año, y a Ricardo García Guzmán, el contralor del duartismo que nunca “encontró” ningún indicio del descomunal desvío de recursos cometido por el anterior gobierno, se le premie haciéndolo candidato pan-perredista a la presidencia municipal de Pánuco, donde ha constituido un nada discreto cacicazgo en el que se heredan los cargos entre familiares. 

O qué decir de los cómplices directos –y confesos- de Javier Duarte en el desvío y lavado de dinero, como Moisés Mansur y Juan José Janeiro, a quienes se libró de ir a la cárcel porque “cantaron” y delataron a su “amigo”, y revelaron el esquema por medio del cual se hicieron de fastuosas propiedades, supuestamente reintegradas al patrimonio del estado, aunque de ello no haya evidencia que lo sustente más que los dichos del gobernador Yunes Linares.

Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Alberto Silva, Edgar Spinoso, entre otros “dilectos” duartistas señalados repetidamente por actos de corrupción, incluso por el actual gobernador, continúan protegidos por el fuero constitucional en su calidad de legisladores, sin que autoridad alguna, de ningún nivel, haya iniciado un proceso penal en su contra. Al contrario, hasta asisten a eventos junto al mandatario veracruzano.

A Flavino Ríos podrá acusársele de muchas cosas. Hasta de encubridor de Duarte si se quiere. Pero lo suyo es peccata minuta contra lo que otros ex integrantes del gobierno duartista se “comieron” y por lo cual no están siendo llamados a cuentas. Se trata de un caso de justicia selectiva. Y eso, no es justicia en realidad.

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