La andanada judicial lanzada por el Gobierno del Estado de Veracruz los últimos días en contra de ex funcionarios de las pasadas administraciones pareciera ser la punta de lanza con la que el régimen buscaría cumplir con la que fue su principal promesa de campaña: llevar ante la justicia a los saqueadores de la entidad.

Sin embargo, todos los procesos que se han iniciado penden de una delgada cuerda, ya que prácticamente en la totalidad de los casos se han señalado presuntas inconsistencias, como la existencia de amparos que no fueron tomados en cuenta o violaciones al debido proceso por la manera como se llevaron a cabo las detenciones, que en un momento dado podrían echar abajo varios de los juicios.

Así que aun cuando de momento a los ex funcionarios detenidos no se les permita obtener su libertad para enfrentar fuera de la cárcel sus procesos, bajo el argumento de que podrían escapar –los casos del ex director del Seguro Popular Leonel Bustos, y el del propio ex gobernador Javier Duarte serían el mejor ejemplo de dicha posibilidad-, queda la impresión de que en varios de los casos sólo sería cuestión de tiempo para que eso suceda.

No hay que perder de vista que a todos los indiciados a los que se les ha vinculado ya a proceso, el juez de control correspondiente decretó darles un año de prisión preventiva, a cuyo término, hacia la recta final de la presente miniadministración, podrían salir libres. 

Un año en prisión sería una pena muy barata, muy condescendiente y benévola, para personajes como el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, vinculado no sólo al delito de enriquecimiento ilícito por el que se le detuvo, sino a otros mucho más graves como los de desaparición forzada y homicidio.

Aunado a ello, persiste la sospecha de que el gobierno estatal “dosifica” las detenciones según le resulta conveniente o necesario, de acuerdo con la coyuntura político-mediática, así como que en varios casos se habría negociado la impunidad de otros de los implicados en el saqueo a Veracruz, que es la fecha que andan como si nada, operando en el estado rumbo a las elecciones municipales para mantener sus cotos de poder.

Incluso, existe una versión de alto nivel que asegura que habría un pacto entre el régimen y el jefe del grupo político antagónico para no tocar sus intereses y centrar la “carnicería” en los miembros del círculo cercano del duartismo, que sin el manto protector de su “padrino”, son piezas completa y fácilmente sacrificables.

¿O alguien ha visto que en alguna pesquisa se mencionen los nombres de Erick Lagos Hernández o de Jorge Carvallo Delfín, por mencionar a dos claros integrantes de ese grupo que se dice pactó con el régimen gobernante? ¿O en algún lugar se ha enterado de que el supuestamente “ofendido” ex cónsul de México en Barcelona se haya presentado en algún tribunal, o por lo menos en algún café, para hacer la “defensa” de su “honor”, como anunció que lo haría hace pocos meses?

El mismo supuesto “cateo” a la casa del ex tesorero fidelista Carlos Aguirre la noche del pasado viernes da la impresión de no ser mas que una simulación, la cual además quedó evidenciada en el video que se tomó del operativo. Los familiares del ex funcionario supuestamente perseguido –que por supuesto no se encontraba en el lugar esperando que llegaran a detenerlo- actuaron con la serenidad que da la certeza de la impunidad.

Y como ellos, muchos más parecen contar con esa misma seguridad.

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