La detención la noche del pasado sábado de la ex vocera del duartismo, Gina Domínguez Colío, representa un campanazo cuidadosamente planeado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

No solamente se trata de una de las ex funcionarias insignias de lo que representó el duartismo para Veracruz. La aprehensión de Domínguez Colío significa un fuerte golpe para el PRI, cuando entramos a la recta final de las campañas por las 212 presidencias municipales veracruzanas.

A pesar de que se veía venir la caída de la otrora poderosa ex coordinadora de Comunicación Social, de que eran claras las señales de que iban por ella, de manera por demás torpe, en el PRI no hicieron nada por removerla de su cargo como presidenta de la Fundación Colosio Veracruz.

Todavía el pasado 23 de marzo, Gina Domínguez encabezó en Xalapa la ceremonia conmemorativa oficial del PRI por el 23 aniversario del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en lo que fue su última aparición pública antes de su detención. Y ahí mismo fue cuestionada por los múltiples señalamientos que existían en su contra por presunta corrupción, mismos que rechazó.

Por esos mismos días, el portal Animal Político publicó nuevas investigaciones que revelaban la transferencia de casi 40 millones de pesos a empresas mediáticas de las cuales Gina Domínguez asumió el control una vez que fue cesada de su cargo en la Coordinación General de Comunicación Social, tras la paliza que recibió el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa en redes sociales y medios de comunicación por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez, en febrero de 2014.

La respuesta de Gina Domínguez a esa publicación fue destapar la cloaca a través de un artículo titulado “El juego que todos jugamos”, que publicó originalmente en su portal de noticias Telenews y que fue retomado por otros medios de comunicación en el estado, días después del arresto de Javier Duarte en Guatemala. 

En su texto, Domínguez relató los últimos días en el poder del círculo cercano del duartismo, con el conocimiento que da la cortesanía. Pero también repartió culpas entre lo que llamó el “equipo élite de Javier Duarte”, en el cual “luchan salvajemente por evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que les persiguen”, y que “trata de protegerse a como dé lugar, sin importar a quién se atropellan o involucran” (sic), refiriéndose en particular a su sucesor en la vocería duartista, el hoy diputado federal del PRI Alberto Silva Ramos, quien “desde el primer día de su arribo a Comunicación Social (…) se dio a la tarea de desacreditar mi gestión, utilizó todos los medios a su alcance para ello. Me responsabilizó de decenas de agravios –a cual más falsos- a muchos medios de comunicación y a muchos comunicadores respetables”.

Pues con todo y eso, en el PRI no les pareció urgente ni necesario remover de la Fundación Colosio a Domínguez Colío, quien todavía se dio el lujo de ir a gritonearle en su oficina al dirigente estatal Renato Alarcón cuando se enteró de que evaluaban la posibilidad de relevarla de lo que ella consideró era su último asidero político para evitar la cacería de duartistas lanzada por el gobierno de Yunes Linares, y que finalmente la alcanzó este pasado fin de semana.

Ahora, la alguna vez motejada como “vicegobernadora” por el absoluto y absurdo poder que le confirió Javier Duarte, enfrenta los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio de la función pública, y por los cuales el Juez de Control del penal de Pacho Viejo le dictó “prisión necesaria por un año”, a reservas de lo que se dictamine tras su audiencia de vinculación a proceso. Y en el PRI, se preparan para una derrota de tintes épicos en los comicios del 4 de junio.

Mientras eso ocurre, trascendió que este lunes 22 de mayo la Fiscalía General del Estado solicitará juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para retirarle el fuero a Alberto Silva Ramos y someterlo a proceso por delitos similares a los que se le imputan a Domínguez Colío.

Más allá de los desvíos de recursos y del inocultable enriquecimiento de ambos ex funcionarios, queda constancia de la condena pública por los repetidos agravios que desde esa oficina, a lo largo del sexenio duartista, se cometieron contra decenas de periodistas veracruzanos, que perdieron su empleo, su estabilidad personal y algunos hasta la vida, todo por un mal entendido manejo de la imagen de un gobernante nefasto e indefendible como Javier Duarte, cuya política hacia los medios de comunicación durante el sexenio fue la misma que la de los criminales: plata o plomo.

Ese juego que todos jugaron, se acabó.

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