Si bien es cierto que las tareas de seguridad son, en primer término, una tarea estatal, el Gobierno Federal también tiene un gran grado de responsabilidad en las acciones de combate a la delincuencia, y no sólo no ha dado resultados positivos en Veracruz, sino que incurre en grandes omisiones.

Durante el último tramo del gobierno de Javier Duarte, la Federación se desentendió de Veracruz, a pesar de los múltiples reclamos porque desde el Altiplano se pusiera un alto a los criminales, tanto los de la delincuencia organizada como a los de cuello blanco incrustados en la administración estatal.

Las autoridades federales se decidieron a entrar en acción en el estado una vez que pasaron las elecciones de Gobernador de 2016 y que perdió el PRI. Fue hasta entonces que comenzaron a instrumentar acciones legales contra la pandilla duartista y a mandar más elementos policiacos a la entidad.

Una vez que tomó posesión el gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, se establecieron reuniones semanales del Grupo de Coordinación de las fuerzas del orden estatales y federales, mismas que hasta la fecha continúan para acordar acciones y estrategias. Al mismo tiempo, fueron enviados a la entidad cerca de mil elementos de las diferentes corporaciones policiacas federales para, al menos en el papel, contener a la delincuencia.

Sin embargo, a pesar de esa aparente cooperación Federación-estado, la inseguridad ha ido a la alza de manera más que alarmante en las últimas semanas en Veracruz, sin que nada ni nadie pueda hacerle frente de manera eficaz, mucho menos contundente.

A la incapacidad estatal se ha sumado la incapacidad federal para garantizar la paz y la integridad física y patrimonial de la población del estado. Ni la Policía Federal, ni la Gendarmería Nacional o la Policía Militar han hecho diferencia alguna con su presencia en territorio veracruzano. Y nadie ha intentado siquiera ofrecer explicaciones al respecto.

Aunque las causas no son difíciles de encontrar. Al igual que las autoridades estatales, las federales están demasiado ocupadas en la grilla política, en los escenarios electorales, en el futurismo sucesorio y, particularmente, en el tráfico de influencias para obtener prebendas.

Por ejemplo, está el caso de la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, que debiera coordinar las tareas de la gobernabilidad en el estado por parte de la Federación. Empero, el titular de esa oficina, Ángel Isaac Ochoa Pérez, está distraído “trabajando la plaza” para una eventual candidatura a la Presidencia de la República de su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong, y para lo cual mangonea al resto de las delegaciones y sus programas.

Además, Ochoa Pérez se ha inmiscuido directa y abiertamente en los procesos electorales locales, buscando posiciones para sí mismo y para su esposa, Ady Rangel, quien en sus redes sociales se ostentaba hasta hace poco como subdelegada de Enlaces con las Unidades Federales de la Secretaría de Gobernación, cargo inexistente en el organigrama de la dependencia.

Tuvo que ser asesinado el coordinador de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Castagne, para que la Federación reaccionara. Ahora sí hubo airadas condenas a la violencia por parte del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Incluso, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, declaró que este crimen fue una “agresión contra México” que no quedará impune.

¿Y el asesinato de cuatro niños en Coatzacoalcos y dos mujeres en Orizaba, por citar sus casos entre la veintena de ejecuciones del pasado fin de semana en el estado, junto con los cientos ocurridos en lo que va del año en Veracruz, no son una agresión contra el país y contra el Estado mexicano? 

La omisión federal en Veracruz ha sido tan grave como la devastación institucional propiciada por los malos servidores públicos locales. Unos y otros son culpables de esta era de terror.

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