Sin temor a exagerar, este fin de semana será crucial para el futuro de la política, de las instituciones y del sistema de justicia del país entero.

La audiencia de vinculación a proceso del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa será definitoria no sólo de su suerte -pues el juez del caso decidirá si lo mantiene en prisión para que enfrente su proceso penal en reclusión, o si en cambio le concede la libertad debido a la falta de elementos para vincularlo con el delito de delincuencia organizada, único ilícito grave que se le imputa en la causa que se le sigue-, sino del derrotero de todo el entramado institucional que se ha creado en los últimos años para combatir los abusos cometidos desde el poder.

Como se ha señalado aquí y en muchos otros espacios periodísticos, la actuación de los representantes de la Procuraduría General de la República durante la audiencia inicial ante el juez de Control que lleva el caso de Duarte de Ochoa, Gerardo Moreno García, dejó mucho que desear y abrió la puerta a la posibilidad de que, ante una acusación sin el debido soporte jurídico, endeble y a modo, el ex mandatario de Veracruz evada la acción de la justicia y permanezcan impunes las atrocidades que cometió en contra del erario y, sobre todo, de la población de la entidad.

Las justificaciones de la PGR, que arguye que el juez se excedió en sus atribuciones durante la audiencia del lunes pasado, no tranquilizan y mucho menos convencen a nadie. No por nada, hasta el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió al Ministerio Público Federal ser llamado a declarar en calidad de testigo contra Duarte de Ochoa para aportar las pruebas con las que cuenta y buscar con ello mantener preso a su antecesor, por si la PGR no tiene una causa sólida.

Más allá de si se trata o no de una de las pantallas mediáticas a las que es tan afecto Yunes Linares, lo que es real es la justificada preocupación de que suelten a Duarte, cuyo aprisionamiento es una medalla que se han colgado de igual manera el Gobierno Federal que el estatal. 

Una eventual liberación de Duarte, e incluso una vinculación a proceso por delitos leves que no impliquen una pena larga y ejemplar, representaría un fracaso para ambos gobiernos, que se revelarían como incapaces de cumplir con su llevado y traído discurso de combate a la corrupción, que quedaría evidenciado como lo que cada vez es más difícil de ocultar: una grotesca farsa.

Eso no es lo peor. Si Javier Duarte no es procesado de acuerdo con la gravedad de los delitos que cometió y del daño que causaron a la sociedad veracruzana, que se despidan de sus sistemas anticorrupción y de su sistema de justicia por completo. No habrá en este país quien les crea más nunca una sola palabra. 

Porque si el sistema penal mexicano no puede o no es capaz de enjuiciar y someter a una verdadera acción de la justicia a alguien como el impresentable ex gobernador Javier Duarte ¿entonces a quién?

Réplica

La directora de la casa de la cultura de Coatepec, Irene Sepúlveda, solicitó derecho de réplica a lo publicado en la anterior entrega de la Rubrica, titulada “IVEC y el desprecio por la cultura popular”. Hela aquí:

“Le saludo por este medio y así también me presento con el fin de solicitarle me conceda el beneficio de precisar los hechos en torno al caso del taller de grabado, el cual menciona en su columna Rúbrica. El taller no se cerró, se le informó al maestro que lo imparte que entrábamos en periodo de receso y que nuevamente entraría en funciones a partir del mes de septiembre. Cuento con los documentos probatorios del acuerdo que se había tomado con Alejandro Suárez, el titular del taller. 

“Sabiendo de su profesionalismo como comunicador, lo invito a usted a que cuando guste nos entrevistemos y lo entere de los pormenores de este caso. Me despido agradeciendo su atención y quedo pendiente de sus comentarios.”

Servida.

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