​Desde que se crearon los programas sociales oficiales basados en el asistencialismo, el supuesto del combate a la pobreza no ha sido otra cosa que la conquista de un botín político proveniente de la necesidad y la marginación.

Por ello es que terminar con esas condiciones de vida nunca ha sido el verdadero objetivo de este tipo de programas. Por el contrario, mantener la pobreza e incluso la miseria representa para la clase política de este país una magnífica oportunidad, una plataforma sobre la cual alentar aspiraciones mediante el condicionamiento de apoyos y dádivas a los sectores sociales necesitados, que a su vez han aprendido a hacer de ello su modus vivendi.

De este tipo de prácticas no hay partido que se salve. PRI, PAN, PRD, Morena y demás denominaciones políticas le han entrado con fe al jugoso botín de la pobreza, que les representa posiciones políticas, cargos públicos e incluso su supervivencia.

El abrumador proceso electoral de 2018 no será la excepción. De hecho, todos los partidos políticos están a la caza de sus respectivas clientelas entre los sectores más marginados. Y para eso llevan mano quienes tienen en sus manos el manejo de presupuestos destinados al asistencialismo.

Por ejemplo, en Veracruz, a pocos días de que den inicio los procesos electorales federal y estatal, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se incrementará el número de beneficiarios del programa social estrella de su administración: “Veracruz Comienza Contigo”, mismo que es operado por la Secretaría de Desarrollo Social estatal, encabezada por una de las funcionarias “favoritas” del régimen, Indira Rosales.

Dicho incremento de beneficiarios es de 300 mil familias más que serán inscritas al referido programa. De acuerdo con el propio Yunes Linares, el objetivo es que “más de medio millón de familias tengan acceso a las acciones de esta estrategia estatal de combate a la pobreza”. 

Esto se sumará a las casi 300 mil familias veracruzanas que ya son beneficiarias de “Veracruz Comienza Contigo”, cuyos alcances son más bien magros, pero muy efectivos en época electoral, pues incluyen apoyo alimentario, servicios de salud, becas y otras tantas acciones similares que caracterizan este tipo de políticas públicas, que no resuelven ningún problema de fondo. Ni es ése su cometido.

El botín es enorme. De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2016 los habitantes del estado de Veracruz en situación de pobreza pasaron de cuatro millones 141 mil 800 a cinco millones 49 mil 500. Casi un millón más en los últimos cuatro años.

Estas cifras representan al 62 por ciento de la población de la entidad veracruzana. Un aumento que además va contracorriente de las cifras que arrojan la mayoría de los estados del país, salvo los del sureste.

Que más de la mitad del estado viva en la marginación es una noticia espléndida para los políticos en la víspera del inicio de un proceso de renovación en los cargos de poder público.

Pero sin duda alguna, es un estrepitoso fracaso para todos los gobiernos de los últimos años. En todos los órdenes. Pero mientras “siga la mata dando”, qué más les da.

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