​Mientras los funcionarios del gobierno estatal se toman fotografías carcajeándose y se preocupan por (sólo ellos) ser felices; y mientras los diputados locales se destrozan para quedarse con el control del dinero del Congreso del Estado, las víctimas del delito en Veracruz siguen al garete institucional, ante la indolencia e irresponsabilidad oficial.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito (CEAIVD) permanece acéfala desde el 25 de marzo de este año, fecha en que su anterior titular, Mireya Toto Gutiérrez, presentó su renuncia al cargo ya que era olímpicamente ignorada por el titular del Ejecutivo, que jamás atendió una sola de sus solicitudes de audiencia.

Fue hasta el 27 de junio, tres meses después de la salida de Toto Gutiérrez, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares envió a la LXIV Legislatura del Estado una terna para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la CEAIVD. Pero tras someterse la misma a votación el 11 de julio, ninguna de las propuestas alcanzó la mayoría calificada de los diputados para obtener el nombramiento, por lo que, de acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas, corresponde ahora al Ejecutivo designar directamente al titular.

Sólo que Yunes Linares, simplemente, no lo ha hecho. Mantiene sin dirección, descabezada, a la CEAIVD, pues inexplicablemente ha sido completamente omiso para realizar el nombramiento. Como si prefiriese que se mantuviera así, al igual que otro de los organismos estatales de promoción y defensa de derechos humanos, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que tampoco cuenta con titular desde que inició la presente administración.

Mientras estos organismos, que deberían brindar apoyo y atención a sectores vulnerables y a las víctimas del delito, permanecen en esta situación, en Veracruz continúa desatada la violencia, de norte a sur del territorio, afectando a la toda población en general, y en particular a las mujeres.

Solamente en el mes de agosto, se reportaron 23 asesinatos de mujeres, de los cuales 17 reúnen las características para ser considerados como feminicidios, mientras que otras 24 mujeres desaparecieron, según datos aportados por el “Proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razón de Género. Feminicidio en la entidad veracruzana”, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana.

A su vez, los colectivos de búsqueda de desaparecidos denuncian nulos avances en las investigaciones y acusan indolencia, apatía e ineptitud por parte de la Fiscalía General del Estado.

Lo que es inocultable es el absoluto desinterés del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por hacer que funcione la Ley Estatal de Víctimas y por brindarles la atención institucional a la que el Estado está obligado, por razones que solamente él conoce, pero que no tienen justificación bajo ningún argumento. Y en la misma situación se encuentran las mujeres veracruzanas violentadas. Que se las arreglen como puedan, parece ser la consigna.

Y a la nueva clase gobernante eso parece importarles muy poco. Ellos viven en su mundo de caramelo. Aunque el mundo de la mayoría de los veracruzanos sea uno de auténtico horror. Exactamente igual, o quizás peor, que antes.

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