​Tras la revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, el resultado final que habrá de ser validado por el Pleno del Congreso del Estado arroja un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del Estado de Veracruz por la friolera de 12 mil 592 millones 249 mil 805.29 pesos.

De este monto, seis mil 883 millones 803 mil 779.13 pesos corresponden a la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado; cuatro mil 988 millones 311 mil 485.12 pesos a las irregularidades detectadas en 12 secretarías, 15 organismos públicos descentralizados y cuatro fideicomisos del Poder Ejecutivo; y un millón 637 mil 345.55 pesos a lo detectado como posible daño patrimonial en un organismo autónomo.

De este mar de dinero que, al menos en lo correspondiente a esta fase del proceso de fiscalización todavía se maneja a manera de “presunto” desvío de recursos, una de las dependencias a la que se le señaló uno de los montos más escandalosos es la Coordinación de General de Comunicación Social. 

En esa dependencia se determinó que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a dos mil 284 millones 812 mil 744.86 pesos, dato que ya había sido mencionado en la anterior entrega de la Rúbrica, aunque todavía sin haber tenido acceso al informe completo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Pero del análisis a fondo del documento, del cual este reportero ya cuenta con una copia, se desprende que, en realidad, el monto que es reclamable a quien fue el titular de esa dependencia la mayor parte del año, el actual diputado federal del PRI Alberto Silva Ramos, “sólo” asciende a 409 millones 510 mil 38.94 pesos.

En el mismo informe, el Orfis precisa que los mil 642 millones 991 mil 960.19 pesos restantes no fueron tramitados por la Coordinación General de Comunicación Social, sino por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y el órgano fiscalizador puntualiza que se “desconocen los motivos” de este organismo “para realizar esos pagos”.

Sin embargo, en su mismo informe el Orfis incluyó las pistas para encontrar dichos motivos. Particularmente, en la observación número FP-030/2016/007 DAÑ. En la misma, se señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación reporta Cuentas por Liquidar pagadas a Comunicación Social por un monto de dos mil 52 millones 501 mil 999.13 pesos “que carecen de evidencia de haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago, así también no se tuvo a la vista la documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y testigos, además de no exhibir registros contables de esas operaciones”.

En esta parte de las observaciones, se incluye una lista de pagos a varios medios de comunicación y periodistas, locales y foráneos. Pero también existen ministraciones a empresas de giros completamente distintos al de la comunicación, como constructoras, refaccionarias, agroproductoras y hasta maquiladoras. Por ejemplo, a la Comercializadora AD Puebla S de RL de CV, en un mismo día, el 11 de noviembre de 2016, se le expidieron 63 cheques por un monto total de 165 millones 616 mil 336.62 pesos.

La segunda parte de la observación es todavía mejor. De las operaciones pagadas por la Sefiplan y verificadas contra el listado de Registros Federales de Contribuyentes con operaciones simuladas de la base de datos del Sistema de Administración Tributaria de fecha 23 de junio de 2017, se identificó que de las 135 empresas a las cuales Finanzas “realizó pagos por concepto de gastos de difusión a nombre de la Coordinación durante el ejercicio 2016”, seis se configuran “como empresas con operaciones presuntamente inexistentes”, además de que “se carece de evidencia de haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago, así como de documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y testigos”. No existen registros contables de esas operaciones por un monto de 215 millones 653 mil 549 pesos.

En este apartado se incluye a Promociones Velot Sia SA de CV. La misma “empresa” a la que en la Rúbrica del pasado 27 de noviembre de 2016 se exhibió como beneficiaria de un contrato por adjudicación directa por 18 millones 461 mil 830 pesos para brindar servicios de capacitación en tecnologías de la información a los empleados del gobierno estatal, a pesar de que el giro de la empresa era la venta de electrodomésticos. De la capacitación no existe evidencia de que se haya llevado a cabo. Mientras que la publicación de esa información le valió una amenaza vía correo electrónico a quien esto escribe.

Pues en el informe del Orfis, Promociones Velot Sia aparece como beneficiaria de un monto total por 60 millones 880 mil 249 pesos, sumados en 28 cheques expedidos ¡oh coincidencia!, el 11 de noviembre de 2016. El mismo día que a Comercializadora AD Puebla y a decenas de “empresas” más, cuyos giros encajan en el perfil de “fantasmas”, inexistentes. Y todas bajo el mismo rubro: Gastos de Promoción Institucional, el cual no existe, al menos, en Comunicación Social.

El hilo de conductor de estos pagos irregulares –y millonarios- es la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Tesorería, que para el 11 de noviembre de 2016, cuando se realizaron la mayoría de las transacciones reportadas por el Orfis, estaba encabezada por Arnulfo García Fragoso, hombre de las confianzas del ex subsecretario de Finanzas duartista y actual diputado local del PRI por Córdoba, Juan Manuel del Castillo: el mismo del que existe evidencia documental que autorizó la contratación de Promociones Velot Sia para la inexistente capacitación a la burocracia estatal.

La transa está en Finanzas. Pero inexplicablemente, el Orfis no le señala nada en su informe a la Sefiplan y todo se lo cargó a Comunicación Social. ¿Parte de los nuevos pactos de impunidad?

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